Dos altos cargos de la Xunta desinflan la acusación por malversación en la Fundación Cela
SANTIAGO
Confirman que conocieron la indemnización de 150.000 euros por el despido del gerente y que pasó todos los controles de fiscalización
03 abr 2019 . Actualizado a las 13:37 h.La segunda jornada del juicio que se sigue en la sección compostelana de la Audiencia Provincial por la presunta malversación de caudales públicos en la Fundación Cela ha supuesto una victoria a los puntos para las defensas de los cuatro acusados: la viuda del premio Nobel, Marina Castaño, el exgerente de la entidad, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez, exconselleiro de Presidencia, y su hija, Covadonga, que es la actual directora en funciones de la fundación. A todos ellos la Fiscalía les pide cuatro años y medio de cárcel.
La sesión contó con el testimonio de dos altos cargos de la Xunta que ofrecieron al tribunal idéntica versión de los hechos. Jesús Oitavén y Antonio Fernández Camba, que fueron secretarios generales técnicos de Cultura (los números dos de la consellería), corroboraron que no fue la Xunta sino la Fundación la que pagó la indemnización por despido de 150.000 euros al gerente y que lo hicieron con cargo al dinero que el Gobierno gallego le dio a la entidad para que ejecutara el plan de viabilidad. En ese sentido, ambos explicaron que ese pago se hizo, que pasó todos los controles de fiscalización y que cumplía con el objeto del contrato, ya que el cese de Tomás Cavanna, por su elevado salario de unos 100.000 euros anuales, era imprescindible para sanear la entidad antes de que el Ejecutivo autonómico se hiciese cargo de ella y pasase a ser pública.
Oitavén aseguró que en el expediente administrativo al que él tuvo acceso «no había ninguna advertencia de irregularidad» y que, aunque mantenía una relación fluida con la directora en funciones de la fundación, Covadonga Rodríguez, era solo a título informativo, ya que a la Xunta no le correspondía dar el visto bueno o no a la indemnización por despido. Según relató, la adenda para el plan de viabilidad ascendía a 207.000 euros y con esos fondos, además del despido de Cavanna, también se saldaron pagos pendientes a proveedores.
Antonio Fernández Camba, que es el actual gerente del Sergas, también afirmó ante el tribunal que la indemnización a Cavanna, que es lo que la Fiscalía considera que produjo la malversación porque cree que fue un despido simulado para beneficiar al exgerente, fue justificada y fiscalizada por los órganos de control de la Xunta, por lo que la Administración no se sintió nunca perjudicada. Un hecho que ha quedado patente en la vista, ya que el Gobierno gallego no se ha personado como acusación particular pese a que el ministerio público pide que los cuatro acusados le indemnicen con 150.000 euros.
La negociación del despido
En el juicio también ha declarado la abogada que intermedió con Tomás Cavanna y su letrado para negociar su despido como gerente de la Fundación Cela. Estefanía Lama, que es sobrina y prima de los acusados Dositeo y Covadonga Rodríguez, relató que el proceso fue «como 50.000 otros» y que ella entendía que no haber llegado a un acuerdo para el cese habría sido «una decisión suicida» porque considera que podría haberle costado «por lo menos el doble» a la entidad y habría alargado el proceso. Además, explicó que los 150.000 euros por los que al final se evitó judicializar el cese eran «la cantidad mínima» que iba a aceptar Cavanna porque correspondía a 33 días por año trabajado «que era lo que se dio a otros trabajadores».
