Marina Castaño niega que malversara fondos públicos al despedir al gerente de la Fundación Cela

Asegura que incluso llegó a adelantar dinero de su bolsillo «para pagar las nóminas»

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Castaño niega que pactase con el exdirector de la fundación su indemnización Arranca en la Audiencia Provincial en Santiago el juicio por posible malversación en la Fundación Cela

Santiago

Cuando hace diez años saltó el escándalo por las presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación Cela se inició un culebrón que se vio alimentado por lo mediática de la figura de la viuda del premio Nobel, Marina Castaño, a la que se acusó de beneficiarse económicamente de la entidad llegando incluso a cargarle el servicio doméstico que tenía en su casa de Madrid. Poco ha quedado de aquel alboroto cuando el caso ha llegado a la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña. El asunto se ha descafeinado y ya tan solo es materia de juicio la presunta malversación de caudales públicos que se produjo, según la Fiscalía, cuando se despidió al que era el director gerente de la entidad, Tomás Cavanna, al que en el 2010 se indemnizó con 150.000 euros cuando cesó en el cargo tras ser despedido.

De los cuatro acusados, a los que el ministerio público pide una pena de cuatro años y medio de prisión y que indemnicen con 150.000 euros a la Xunta, la primera en declarar fue la viuda del escritor. Marina Castaño negó que beneficiara al exdirector pactando con él su salida de la fundación y su indemnización. No solo ha rechazado por completo que malversara fondos de la entidad, sino que ha asegurado que cuando fue presidenta llegó a adelantar dinero de su patrimonio «para pagar las nóminas». En su declaración, relató que al iniciarse la crisis económica no le quedó más remedio que buscar una solución para la Fundación Cela, que finalmente fue entregársela a la Xunta para que quedase en Galicia.

Para que fuese pública, no había más remedio que aligerar gastos, lo que obligó a prescindir del gerente, que cobraba unos 100.000 euros anuales, así como de otros empleados. Eso sí, insistió en que se limitó a ordenar que el despido se hiciese «con arreglo a la ley», aunque sí con generosidad por el «agradecimiento ilimitado» que tenían ella y su difunto esposo con Tomás Cavanna.

Las explicaciones del exgerente de la Fundación Cela fueron más concretas. Cavanna afirmó que, cuando entendió que su despido era irremediable, optó por negociar las mejores condiciones posibles para evitar el conflicto. Tras 17 años en el cargo, la indemnización que le correspondía legalmente oscilaba entre los 96.000 y los 220.000 euros, por lo que su postura fue siempre la de exigir los 150.000 euros que finalmente la entidad aceptó concederle en el servicio de mediación laboral, el SMAC.

Cavanna añadió que aceptó que le pagaran en mensualidades porque siempre entendió que el dinero iba a salir de la fundación, que lo obtendría a través de un crédito hipotecario, el mismo procedimiento utilizado en los despidos de otros trabajadores.

Entre los acusados también está el exconselleiro de Presidencia Dositeo Rodríguez, que fue patrono de la fundación. Él mismo ha explicado a la sala que actuó como «un mero correo» entre Cavanna y la Xunta en el asunto del despido y ha asegurado tajantemente que el Gobierno gallego «dio el visto bueno al pago de la indemnización de 150.000 euros» que «pasó por intervención y nadie puso reparo». También negó que el despido fuese simulado, como considera la Fiscalía, y mucho menos su coste. «A nosotros nos habría encantado que el despido fuese por 96.000 euros, pero era algo que no aceptaba Cavanna», señaló.

En su declaración, el exconselleiro corroboró todo lo manifestado por Marina Castaño y el exgerente de la Fundación Cela y reiteró que la salida de Cavanna fue algo inevitable, pese a su «sobrada competencia», porque el sueldo que cobraba en la entidad «era incompatible» con la gestión pública y que, además, su visión del futuro de la entidad no coincidía con la de la Xunta.

Dositeo Rodríguez y su hija aseguran que la Xunta dio el visto bueno a la indemnización

Lo único que debe determinar el tribunal que juzga el caso de la Fundación Cela es si los cuatro acusados, como asegura la Fiscalía, urdieron un plan para beneficiar al exgerente simulando su despido para pagarle 150.000 euros como indemnización. Tanto el exconselleiro Dositeo Rodríguez como su hija Covadonga, que es actualmente directora en funciones de la entidad, aseguraron que la supuesta perjudicada, la Xunta, estaba perfectamente informada de lo que iba a costar prescindir de Tomás Cavanna y que dio su visto bueno. Es más, que el principal objetivo del plan de viabilidad trazado por el Ejecutivo autonómico era reducir gastos y aligerar el coste de la plantilla era necesario.

Significativo es el hecho de que la Xunta no se haya personado como acusación particular, algo que resaltaron las defensas para sostener que no ha habido malversación de caudales públicos. El que sí estaba era el abogado del Estado, pero el tribunal dio la razón a los letrados de los acusados y le obligó a abandonar el juicio por entender que el Gobierno central no está legitimado para ejercer la acusación.

La primera sesión de la vista también ha servido para que se elimine de la lista de testigos propuestos a la vecina de Iria Flavia (Padrón) cuya denuncia inició la investigación. Lola Ramos había sido citada únicamente por la defensa de Marina Castaño, que al finalizar la declaración de los cuatro acusados decidió prescindir de ella. Así, esta mujer, que ejerce la acusación particular, no tendrá ya que comparecer ante el tribunal.

Auge y caída de una fundación privada rescatada por la Xunta

uxía lópez
Una de las salas de la Fundación Cela
Una de las salas de la Fundación Cela

La entidad que vela por el legado del nobel gallego ha acabado intervenida tras una cuestionada gestión

La Fundación Camilo José Cela fue constituida en 1986 por el escritor con el propósito y voluntad de albergar todos sus manuscritos, libros y documentos personales, junto con obras artístico-pictóricas y diversas colecciones de todo tipo, conformando todo ello un legado cultural, artístico y personal que quería dejar en su tierra natal, Iria-Flavia, en Padrón. Cuando en 1991 los reyes de España inauguraron la primera de las casas de la fundación, nada hacía prever que esta acabaría siendo declarada pública en el 2012, tras ser rescatada por la Xunta ante la delicada situación económica que atravesaba.

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