Los hosteleros se personarán en la causa abierta por la Xunta contra la ordenanza de ruidos

La asociación cultural Cidade Vella reclama al Gobierno autonómico que retire el recurso interpuesto


Santiago / la Voz

Los hosteleros que habitualmente programan actuaciones y conciertos en sus locales se personarán en la causa abierta por la Xunta contra la ordenanza de ruidos municipal que regula este tipo de espectáculos. Así lo avanzó Ramón García, gerente de Hostelería Compostela, en la que se agrupan una de las asociaciones de empresarios afectadas, Bares e Pubs de Compostela (integrada por 25 establecimientos).

Tras recibir una notificación del Tribunal Superior en la que se anunciaba el recurso contencioso-administrativo, Hostelería Compostela ha decidido personarse «para conocer los términos», es decir, qué peros pone el Gobierno gallego a la regulación aprobada por el pleno de Santiago hace algo más de cuatro meses, la cual entró en vigor en diciembre.

Ramón García explica que recibieron «con sorpresa este recurso, porque en principio es una ordenanza que lleva el aval de los técnicos municipales y es anómalo que se haya incurrido en una incorrección, pero el Derecho no es matemático». No obstante, desde Hostelería Compostela apelan a la prudencia a la hora de valorar el paso dado por la Xunta, porque «hasta que se formule la demanda no conoceremos en qué consiste exactamente».

Empresarios «cabreados»

Mucho más contundente que los anteriores se muestra Jesús Pais, portavoz de Cidade Vella (asociación cultural formada por 17 locales y que lleva 35 años apostando por la música en directo y la cultura). Afirma que los empresarios asociados «pensamos que este recurso es absurdo y la Xunta nos tiene muy cabreados». «Es una canallada que como arma política para atacar a otro partido se perjudique así a los hosteleros, a los músicos y a los ciudadanos», añade.

Cidade Vella reprocha al Gobierno autonómico que «le entrasen las prisas para regular esta cuestión en campaña electoral, siendo que tuvieron 14 años y no lo hicieron. Se interesan justo cuando un alcalde del cambio consigue en Compostela que las cosas funcionen dignamente y se hace una ordenanza clarita, que podría servir de ejemplo para el resto de concellos, al menos hasta que la Xunta apruebe el nuevo catálogo de espectáculos de Galicia. Al ser de rango superior, la ordenanza municipal dejará de tener efecto, pero mientras podrían dejarnos trabajar tranquilos. Lo más pertinente habría sido que trabajasen en sacar el catálogo que nos englobará a todos y no perder tiempo con el recurso».

Cada local invirtió cerca de 3.000 euros 

Cidade Vella recuerda que, para adaptarse al cambio introducido en noviembre en la ordenanza municipal sobre ruidos, hubo que hacer una inversión. Esta, indican, ronda los 3.000 euros por local: «Nos exige un sonómetro para medición del sonido, que en nuestro caso no puede sobrepasar los 90 decibelios. El aparato más barato cuesta 1.500 euros y es un sonómetro fijo, que tiene que instalar un técnico autorizado que certifique que funciona y el cual cobra otros 300 euros. Además, hay que hacer una medición de ruido con una empresa homologada, que sale a unos 600 euros de media. Y nos piden también un plano del local hecho por un arquitecto o aparejador colegiado, indicando dónde van a tocar los músicos, las salidas de emergencia y demás, en lo que se gastaron otros 500 euros. Todo ello, sin contar otros trámites, como el de ampliar el seguro de responsabilidad civil para que la gente que acude a los conciertos esté cubierta».

Continúan los conciertos

Jesús Pais aclara que los conciertos continúan con normalidad a pesar del recurso: «No se ha suspendido nada, porque lo que hace la Xunta es presentar un recurso, otra cosa es que lo ganen, algo que esperamos que no suceda porque para la modificación de la ordenanza se consultó con profesores universitarios, letrados y otros especialistas. Es decir, está bien fundamentada».

Por otra parte, Hostelería Compostela entiende que el gasto realizado para adaptarse al nuevo marco municipal es «una situación que se da en cualquier modificación jurídica para ajustarse a Derecho». En todo caso, Ramón García calcula que, tratándose de un procedimiento ordinario, la resolución podría tardar un año y medio, incluso más, «por lo que el dinero invertido se podrá amortizar en este tiempo. No parece sensato que vaya a adoptar una medida cautelar para paralizar los conciertos».

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