La limpieza de instalaciones municipales y las conserjerías de colegios, entre ellas
05 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Hasta siete servicios municipales concesionados continúan sin contrato tras vencer los plazos de adjudicación y sus prórrogas. De cuantías limitadas, unos, otros no lo son tanto, y en conjunto sobrepasan los 2,5 millones de euros. Al de gestión de la cafetería de Xoán XXIII y las marquesinas, que vienen de viejo, se han unido en los últimos años la pista de pádel y el matadero. Los demás se han incorporado a esa lista en los últimos meses, mientras otros se retiraban de ella después de haber dado muchos titulares.
En cualquier caso, esta situación ha sido una constante en todo el mandato. Tanto como las críticas de la oposición, que arrancaron con el controvertido proceso de licitación de los comedores escolares, siguieron con el de la grúa y la ORA y se mantienen hoy con el de la Escola de Música, pero también con lo que viene en los próximos meses, porque los del agua, el transporte público y la limpieza están en el filo de prorrogarse o de que ese período extra de relación contractual se agote, y se trata de concesiones cuyas licitaciones requieren mucho tiempo.
El del transporte no parece que vaya a tardar ya mucho más en convocarse, pero el del agua está pendiente de lo que resuelva la comisión que el gobierno de Martiño Noriega impulsó recientemente para estudiar el mejor sistema de gestión, pensando en municipalizarlo. En ambos casos son procesos que nos se resuelven con unos meses. Y aunque el vencimiento de las relaciones contractuales una vez agotadas las prórrogas no implica la interrupción del servicio (económicamente se hace frente a ellos con reconocimientos extrajudiciales de crédito), la demora en la apertura de nuevos concursos sí merma la posibilidad de introducir mejoras en ellos a través de la concurrencia competitiva, ya sean económicas o en su calidad.
Y ese es, en esencia, el resultado final de esa situación, coincide la oposición. «Un desastre» que deja a la Administración «nunha situación moi feble», observa Agustín Hernández (PP), mientras Paco Reyes concluye, como él, que «no fondo estás a prexudicar de maneira grave os intereses dos cidadáns». «Estánselle regalando meses de contratos ás concesionarias», afirma Rubén Cela (BNG). Y todos apuntan en una línea: la «incapacidade» de CA para gestionar, porque asumen que alguna adjudicación se puede complicar por su complejidad o porque surjan recursos, pero hasta este punto no ven justificación. Para Cela, el gobierno no deja de ser «temerario», al «crear inseguridade xurídica nas empresas e nos traballadores».
Además de las concesiones sin contrato que ya tienen solera (la de la cafetería de Xoán XXIII y las marquesinas vencieron con anteriores gobiernos) y la de la pista de pádel y el matadero, las de mayor peso, ya sea por el cariz de los propios servicios o por sus cuantías (suman en total 2,5 millones), se sitúan en el ámbito del mantenimiento del equipamiento público y el educativo.
Ahora mismo está en ese limbo el servicio de limpieza de las instalaciones municipales, pendiente de licitarse por un millón (más que el actual), el de conserjería y limpieza de los colegios públicos (otro millón) y la gestión de la Escola de Música, licitada hace meses por medio millón y que Raxoi llevará ahora a la Justicia para que declare la lesividad de sus propios pliegos.
CA minimiza el impacto de esa situación, cuando Raxoi contrata por 40 millones al año
Compostela Aberta califica de «situación puntual» la existencia de esos servicios sin contrato cuando el Concello asume un gasto próximo a los 40 millones de euros al año por la concesión de servicios. «O ano pasado tiñamos en activo uns cen contratos», afirma la edila de Facenda, María Rozas, «e ás veces xorden problemas técnicos» que se suman a la complejidad en la tramitación que ha introducido la nueva ley, justifica ante lo que la oposición lleva todo el mandato calificando de incapacidad e inacción. «Non é falta de vontade» y «vemos que sempre pasou», dice, «como o subministro eléctrico, que nunca tivo contrato antes de nós, e eran 3 millóns».
Pero a la oposición no le vale. Cela no conoce un nivel tan alto de servicios sin contrato, «e tan prolongados». Puede haber retrasos de unos meses porque «se che complica algo», pero «hai falta de control». El edil echa en falta un organismo gestor que advierta con tiempo al gobierno que contratos van a expirar, aunque no quiere darle oxígeno a CA con la evidencia de esa carencia: «En moitos casos o goberno ten esa advertencia, non é que teña unha actuación desleal dos funcionarios», apunta.