El PP debe convencer a PSOE y BNG para impulsar su comisión de investigación

Todavía no la ha solicitado, pero parece más que improbable que salga adelante


santiago / la voz

El PP ha puesto los contratos menores del gobierno de Martiño Noriega en el punto de mira de la gestión municipal y ejercerá su posición en la corporación (9 ediles) para forzar al menos el debate plenario sobre la oportunidad de crear una comisión de investigación. Tiene ediles suficientes para garantizar la convocatoria de la corporación por encima de la competencia del alcalde para reunirla, y por tanto para forzar un debate público con el regidor sobre los contratos municipales que el grupo mayoritario de la oposición vincula con familiares y afines del gobierno local.

Pero nada le asegura que esa comisión vaya a prosperar, por mucho que esa convocatoria obligue a posicionarse a los demás grupos, tan implicados como el PP en denunciar el «abuso» que entienden que Compostela Aberta (CA) ha hecho de los contratos menores a lo largo del mandato, pero manteniéndose al margen de las sospechas lanzadas por el PP. Sin conocer la propuesta oficial de los populares -aún no está formalizada-, socialistas y nacionalistas evitan posicionarse sobre su posible voto, pero no sobre el escenario que ha abierto la denuncia pública de los populares y su exigencia de explicaciones. Paco Reyes entiende que debe haberlas, aunque no sea expresamente en el formato que quiere forzar el PP: «Non abonda» con que CA se limite «a falar de que se traspasou unha liña vermella ou que están indignados e rompen relacións». Pero también espera que el PP presente un informe «que faga explicación desas acusacións que vén vertendo, porque a carga da proba corresponde a quen acusa, non ao acusado», y advierte que esa comisión no tendría por qué limitarse al mandato de CA. Porque, por revisar, también podría llegar a los cinco años donde está el límite de prescipción para la remisión de cuentas al Tribunal de Contas, con lo que se estaría asumiendo también «unha investigación sobre os contratos menores do último ano do PP».

El BNG tampoco fijará posición hasta que conozca y analice la petición expresa del PP, aunque Goretti Sanmartín insiste en que «se ten constancia de que hai algo ilegal, que vaia á Fiscalía, que coñece ben o camiño». Sanmartín no deja de observar que aunque sea una figura legal, no se debe abusar de los contratos menores, y «CA debe tomar nota». Con «constancia -dice- de que non hai caso» en algunos de los contratos que señala el PP, la edila apunta que se debería estar hablando «do que preocupa aos cidadáns», como las inversiones, infraestructuras y servicios.

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