Adjudicada en Arzúa la redacción del proyecto y la obra para demoler la planta ilegal de un inmueble

La intervención, de acuerdo con el importe de licitación, le costará a las arcas municipales 265.570 euros


arzúa / la voz

Los trámites para dar cumplimiento a la sentencia que, en 1997, dictó en firme el Tribunal Supremo obligando a derruir la sexta y última planta de un céntrico edificio en Arzúa siguen su curso dentro de la administración municipal. El equipo que encabeza con mayoría absoluta el alcalde independiente José Luis García López aprobó recientemente la adjudicación de la redacción del proyecto de demolición y la posterior obra. Solo una empresa presentó oferta al procedimiento que, en marzo del año pasado, se inició en el Concello arzuano con la licitación del contrato, pendiente de firmar por la adjudicataria. Una vez rubricado, la empresa dispondrá de un máximo de 2 meses para redactar el proyecto, que después tendrá que recibir el visto bueno municipal. Aprobado el documento, la firma que se hizo con la obra, tendrá que proceder a la demolición de la última planta del conocido como edificio del Plaza, en pleno centro urbano, en, a lo sumo, seis meses. La intervención, de acuerdo con el importe de licitación, le costará a las arcas municipales 265.570 euros.

El proceso para derruir la sexta planta del inmueble de mayor dimensión de Arzúa, ubicado en el número 2 de la rúa Lugo -en la travesía que define la carretera nacional Lugo-Santiago a su paso por la localidad- no se paralizó, aún con la puerta que abrió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cuando, días atrás, ratificó un acuerdo previo entre las partes implicadas para evitar la demolición del conocido como edificio Fenosa, en A Coruña. Según fuentes del Concello arzuano, ese caso y el propio guardan «diferencias sustanciales». Explican, al respecto, que la denuncia particular que desencadenó en la orden judicial de demolición del inmueble de la ciudad herculina fue sobre la licencia municipal de obra, que excedía en sí la edificabilidad permitida. De ahí, la responsabilidad directa del Concello coruñés. En el caso de Arzúa, en cambio, la denuncia, presentada en 1987 también por un particular, puso a la autoridad judicial en conocimiento de una actuación ilícita al exceder el edificio en una planta lo autorizado en la licencia de otorgada por la administración local, que tiene así una responsabilidad subsidiaria.

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Adjudicada en Arzúa la redacción del proyecto y la obra para demoler la planta ilegal de un inmueble