Noriega emplaza al PP a llevar a la vía judicial los contratos que cuestionan
SANTIAGO
Defiende que «non hai ningunha ilegalidade» y que solo quieren «sementar dúbidas»
14 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Un «espectáculo lamentable» y por «intereses puramente electorais». Eso es lo que Martiño Noriega ve detrás de las sospechas que el PP ha lanzado en la última semana sobre los contratos menores municipales con empresas que los populares vinculan con familiares y afines del gobierno de Compostela Aberta. «Eles son conscientes de que non hai ningunha ilegalidade», reprochaba ayer el alcalde a la formación de Agustín Hernández, a la que invitaba a recurrir a la vía judicial en caso contrario. «Convídoos a que se atopan algunha [ilegalidad] que exerzan as accións pertinentes», decía el regidor, como respuesta al anuncio del grupo opositor de que pedirá la creación de una comisión municipal de investigación.
Noriega defiende que detrás de «ese espectáculo» solo pretenden «dalgunha maneira sementar dúbidas sobre o que é a transparencia e a honestidade do grupo de goberno» y «prexudicar de xeito absolutamente innecesario a múltiples proxectos empresariais cooperativos» que no solo han trabajado para el Ayuntamiento, sino también para otras Administraciones, como la Xunta. Y en el caso del Concello, «en maior medida incluso con gobernos anteriores de cores políticas diferentes».
Noriega rechazó de nuevo participar en «manobras infames» de quienes «son os menos indicados para facer determinados tipo de discurso», dijo tras lamentar que esa «cerimonia da confusión» proceda de un grupo municipal con el «expediente» del PP: con «tres alcaldes distintos» en el anterior mandato, «múltiples imputados e un goberno de non electos». Pero «creo que este tipo de praxe vaille volver como un bumerán en contra en maio», apuntó el regidor, quien, aunque insiste en que su gobierno no va a participar en esa «política de terra queimada», no podrá evitar la convocatoria del pleno en el que la corporación habrá de decidir si se crea o no esa comisión de investigación. El PP tiene ediles suficientes para forzar esa sesión plenaria, que deberá celebrarse en el plazo máximo de 15 días hábiles una vez que se formalice la petición, que los populares están formulando todavía. Si el alcalde no la convocase en ese plazo, quedará automáticamente fijada para el décimo día hábil tras vencer aquel.