La USC anuncia un plan que dignifica los contratos precarios de investigación

Sí, es cierto. Las situaciones a las que se ven abocados los investigadores contratados por proyectos, los conocidos como capítulo VI -porque en ese apartado de los presupuestos es en el que se consignan sus salarios- son en muchas ocasiones precarias. Sí, es cierto. La situación se ha venido manteniendo durante muchos años. Y sí, es cierto, hay que solucionarlo. Comprensión absoluta con el hartazgo que han demostrado los investigadores noveles de la Universidade, que han anunciado movilizaciones para acabar con la «discriminación» salarial que sufre una parte del colectivo, especialmente los que tienen ayudas FPU y FPI desde el 2016. La Asemblea de Investigadoras de Compostela tomó estos días la decisión de protestar ante lo que consideran «inacción» de la institución académica ante las reivindicaciones que les presentaron al equipo rectoral en el mes de diciembre.

La USC ya está en ello. Tanto, que esta misma semana presentará a los sindicatos un borrador de acuerdo para regular el cajón de sastre en el que se ha convertido el capítulo VI. Ese borrador, que ahora hay que negociar en una mesa que se convocará en breve, regula las condiciones en las que trabajan alrededor de un millar de personas de la institución académica compostelana.

El borrador de acuerdo concilia las previsiones de la Ley de Ciencia y las de la propia institución y valora la creación, por ejemplo, de la categoría de investigador distinguido, prevista en la Ley de Ciencia para contratar a investigadores altamente cualificados y «que o que pretende a futuro é crear una figura de investigador estable, sempre que haxa financiamento estable».

El documento que la Universidade negociará con las fuerzas sindicales -el gerente, Javier Ferreira, insiste en que son los sindicatos y no diferentes asociaciones de afectados los interlocutores válidos para este asunto y que solamente con ellos negociarán- también regula las retribuciones de los empleados del capítulo VI y sus procedimientos de selección. Pero claro, para llevarlo a cabo, hay un problema.

«As demandas que trasladan á USC estes investigadores -dice el gerente en referencia a la Asemblea de Investigadoras de Compostela- que llas trasladen ás entidades financiadoras, que son a Xunta de Galicia e o Estado». Porque sin una financiación adecuada, insiste el gerente, tienen las manos atadas para poner fin a las situaciones de precariedad que se viven en la institución.

De todos modos, los tribunales han fallado, ante un conflicto colectivo presentado por UGT y al que se adhirieron CIG y CC.OO., que la subida prevista en los presupuestos «non é de aplicación a este persoal, porque está vinculado por unha subvención, que é a que achega o Estado ou a Xunta, e que a Universidade no está obrigada a establecer ese incremento», explica el gerente, que añade que «a vontade da universidade é facelo, pero recursos non temos». Y por eso, todo este proceso, sobre todo, de que exista una financiación estable y estructural de la universidad.

Mientras, avances. Proponen la creación de esa categoría de investigador distinguido, además de las existentes, y tienen como objetivo «dignificar as retribucións». En los presupuestos se ha reservado una partida de 700.000 euros para, más allá de lo que puedan aportar los grupos de investigación, «facer un esforzo por regularizar a situación deste persoal, que en moitos casos é precaria».

Investigadores cobrando por debajo del salario mínimo actualizado

«Inaudito». Así define la Asemblea de Investigadoras de Compostela la situación en la que se encuentra una parte del colectivo, y que ejemplifican en los investigadores con contratos FPI y FPU (una convocatoria estatal de ayudas predoctorales): «Para unha investigadora FPU/FPI a diferenza entre o que percibe (1.173,00 euros ao mes) e o que figura na táboa de salarios mínimos actualizada (1.244,91 euros ao mes) supera xa os 1.000 euros anuais». No solo eso. Por primera vez, «un axudante de apoio á investigación percibe xa un salario mínimo (1.193,97 euros ao mes) superior ao das propias investigadoras destas convocatorias». Y además, la situación desde el 2016 es que no tienen derecho a las subidas salariales que sí tiene el otro personal de la USC y «se lle deixou de aboar a indemnización por extinción de contrato».

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