El pleno demanda a Madrid garantías de financiación para una depuradora viable

r. m. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

XOAN A. SOLER

Lo hace sin el respaldo de Compostela Aberta, que «non avala peticións contra os intereses de Santiago»

18 ene 2019 . Actualizado a las 12:41 h.

Santiago quiere garantías del Estado, garantías «xuridicamente esixibles» para la financiación de la depuradora. Así lo reclamó ayer el pleno, a raíz de una proposición del PP que también reclamaba al Gobierno que, junto con la Xunta y Raxoi, defina «o antes posible un plan de actuación que concrete unha alternativa viable desde o punto de vista ambiental, técnico e económico». La petición prosperó, aunque sin unanimidad, tras un tenso debate entre el alcalde y Agustín Hernández (PP) a cuenta de la demanda de la Xunta, trasladada también al pleno por Hernández, para la reasignación a otros proyectos gallegos de los fondos europeos destinados a la EDAR.

La iniciativa constaba de 4 puntos, pero dos decayeron. En ese caso, el PSOE, que había sustentado los otros dos, se sumó al voto contrario de CA, que mantiene su apuesta por Silvouta y no estuvo dispuesta a «avalar peticións contra os intereses de Santiago», dijo Martiño Noriega, aun cuando el PP aceptó su votación por separado. Y Paco Reyes entendió que la aportación de la Xunta para la futura depuradora no tiene que limitarse al 20 % que planteaban los populares, pero tampoco estaba dispuesto a ratificar la petición desde el propio Ayuntamiento de la reasignación de los fondos destinados a la EDAR. «Podo entender esa petición por parte dunha conselleira, pero non dun concelleiro de Santiago», dijo el socialista para rechazar esos dos puntos de una propuesta que Hernández definió como «responsable», frente a la «irresponsabilidade» de Noriega de «eliminar» el proyecto para O Souto sin otro alternativo, porque «só ten un bosquexo».

El pleno dio la ocasión a la oposición de oficializar su reproche público a Noriega, en un caso por promover el descarte de O Souto (PP) y en otro (PSOE y BNG) por hacerlo a última hora, después de casi tres años de mandato aceptando la primera ubicación y poniendo a la ciudad en un riesgo contra el que todos advirtieron en su momento, la posible pérdida de los fondos europeos.

Pero también permitió a Noriega censurar la petición de la reasignación de fondos que demandó la Xunta en una escena «lamentable» de la conselleira, cuando aún quedan cuatro años para justificarlos. Noriega excusó que su propuesta para Silvouta no llegase hasta el 2018 porque hasta entonces «non había tecnoloxía» para una alternativa de menor impacto y más económica. Y se aferró a la ejecución por fases y a ese menor coste para defender que al menos parte de esos fondos se podrían mantener, aunque dice que será el Estado el que deba responder, «con fondos europeos ou propios», a los 30 millones que asigna hasta el 2022 en su proyecto de cuentas.

Este año serían solo 65.000 euros, pero dice que Madrid sigue con Silvouta «e agardo en febreiro poder presentar o convenio» para licitar la obra por el proceso de diálogo competitivo y para «el estudio ambiental reducido», dijo tras reprochar al PP el cambio inicial de ubicación en el 2011.

«Van ter que pagar a escote os cidadáns? Porque unha depuradora haberá que facela»

«Estamos peor ca no 2015?», se preguntaba Goretti Sanmartín. Sí, respondía ella misma, apuntando a CA, aunque sin obviar la «responsabilidade» del PP, que «é evidente que pagaron nas urnas». La nacionalista cuestiona que luego de renunciar a los fondos europeos para Santiago el Estado vaya a invertir los 30 millones que citó Noriega. «Que o poñan por escrito. Ou van ter que pagar a escote os cidadáns? Porque unha depuradora haberá que facela». E inquirió, antes de abstenerse en la votación, «que vai facer agora CA?».

El estudio de detalle que permitirá la instalación de ascensores en Pontepedriña ocupó a la corporación, entre otras cuestiones -como la intervención de vecinos de O Castiñeiriño para rechazar una nueva gasolinera-, que le dio el visto bueno definitivo aceptando la posibilidad de que los ascensores vayan en el interior del edificio y las escaleras al exterior, siempre que se mantenga la estética. El PP se opuso, no por no dar solución a los vecinos, sino por ver puntos que se prestan a interpretaciones.