Cultura alega que apenas multa al ser complicado localizar a los autores, que hay que coger «in fraganti»
06 ene 2020 . Actualizado a las 21:20 h.El pasado agosto una de las figuras del siglo XII que decoran la fachada que mira a la plaza de Praterías de la catedral de Santiago apareció convertida en Eric Singer, batería del grupo Kiss. Cinco meses después todavía no se sabe quién, armado con un rotulador, dibujó unas gruesas manchas en torno a sus ojos, acompañadas de un bigote. Este atentado contra el patrimonio dio la vuelta a España. Pero ese es solo un ejemplo de las pintadas que cada día amanecen desvirtuando inmuebles protegidos o bienes de interés cultural (BIC). El problema es que, en la mayoría de los casos, estos actos vandálicos quedan impunes. De ahí que voces como la del director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, pidan fórmulas que permitan mantener y proteger el patrimonio: «Ya habíamos advertido que el culpable o culpables de la pintada de Praterías no aparecerían. No hay cámaras, ni se las espera. Al menos no tengo noticias de ello. No digo que sea agradable tener una especie de Gran Hermano, pero podrían ponerlas en lugares justificados. Habría que buscar soluciones garantistas».
Los ataques ocurridos durante los últimos meses son múltiples. Desde los soportales de los edificios que custodian las calles del casco histórico compostelano, declarado por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad en 1985, hasta iglesias como la de Bembrive, en Vigo, o la de Casa del Cura, en A Coruña; el entorno de la iglesia de Santiago do Deán, en A Pobra; edificios de la zona antigua de Cambados; cristaleras protegidas, como la de la antigua farmacia Europea, en la calle Real coruñesa; la fuente de la praza do Campo, en Lugo, o las estatuas de O Carrabouxo y Los Ramones, en Ourense. Por no hablar de las que inundan algunas de las esculturas del famoso parque de O Pasatempo, en Betanzos, un enclave para el que se ha abierto el expediente para declararlo BIC.
El problema es que las dificultades para coger in fraganti a los autores complican su captura y, por tanto, la aplicación de un castigo que derive bien en una multa, bien en trabajo a favor de la comunidad, o, en casos extremos, incluso en una pena de cárcel.
Desde la Consellería de Cultura reconocen que las multas que se imponen por esa razón son escasas. De hecho, aseguran no poder facilitar el número de las que ha impuesto la Dirección Xeral de Patrimonio porque «as sancións derivadas das infraccións administrativas en materia de protección do patrimonio cultural comunícanselle directamente ao particular. Non se dan datos estatísticos porque son cifras pequenas e non se pode garantir cumprir co fixado nas diversas regulacións vixentes sobre protección de datos».
Un hándicap común
Ese mismo problema para descubrir quién cubre de pintura las paredes o las estatuas lo tienen tanto la Policía Nacional (encargada de investigar el caso de la catedral) como la Guardia Civil, que tiene competencia en el rural. «El principal problema para encontrar a los culpables radica principalmente en la dispersión, la despoblación y la falta de medidas de seguridad para evitar la realización de los daños o robos», apuntan fuentes de este último cuerpo. Con todo, en su territorio se enfrentan más al expolio que a las manchas de rotulador.
Esos mismos hándicaps los tienen también las policías locales de los ayuntamientos que, además, han de velar por que no se llenen de pintadas el resto de edificios o mobiliario urbano de su municipio. Fuentes del Concello de Ourense explican, además, que «cuando hay una incautación de material, se inicia una investigación referida a las firmas, a los patrones...». Gracias a esas pesquisas o al hecho de haber cogido al autor armado de espray o rotulador pudieron formular el año pasado una denuncia por realizar una pintada en la estatua de O Carrabouxo.
Aunque no eran en inmuebles protegidos, también levantaron actas de intervención en otros nueve casos, llegando incluso en uno de ellos a abrir un atestado judicial tras la identificación de dos jóvenes como presuntos autores de delitos de daños por haber realizado pintadas en gran parte de la ciudad. Además, hay otras 17 pintadas denunciadas en edificios y locales, que se suman a las cinco halladas en monumentos o inmuebles municipales.
Otros concellos como A Coruña, donde los propios vecinos han tenido que tomar cartas en el asunto, también han impuesto alguna multa por pintadas (en el 2017 hubo 48 sancionados que pagaron entre 750 y 3.000 euros); en Santiago, durante el 2017 se registraron 425 pintadas en fachadas de piedra, la mayoría en el casco histórico; y Vigo, según fuentes municipales, realizó el año pasado siete actuaciones de limpieza en otros tantos espacios, que le costaron al Concello 8.900 euros.
Estas cifras son escasas en relación al número de pintadas contra bienes patrimoniales que se producen, y de las que no escapan ni los árboles centenarios. La proporción queda reducida al mínimo en caso de contabilizar las que se producen contra otro tipo de edificios, papeleras, bancos...
El problema llegó a desbordarse tanto que la Lei 3/2018, de Acompañamento dos Orzamentos, que acaba de entrar en vigor, modificó la Lei 2/2016 do Solo de Galicia para incluir las pintadas o grafitis que no se realicen en los lugares habilitados para ello por los concellos como infracciones urbanísticas graves. Además, como explican desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), «dá competencias aos concellos nesta materia». Aludiendo al principio de atentado contra el ornato público, pueden requerir al propietario de un inmueble afectado su limpieza. En el caso de un BIC, también es competencia municipal, pero la Xunta ha de autorizar la obra. «En el caso de que el concello no actúe -explica el presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Carlos Henrique Fernández Coto-, puede hacerlo la Xunta».
Una cuestión de educación
Las multas, en base a esa modificación de la ley, pueden llegar hasta los 150.000 euros. Esa es precisamente la multa a la que se expone el autor de la pintada de la fachada de la catedral compostelana. Aunque, como explica la decana de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Silvia García, para atajar el problema no hay que realizar solo una labor punitiva, también hay que educar.
«Non é só cuestión de poñer multas. Eu creo realmente na educación e na concienciación da cidadanía», explica. Para realizar esa labor didáctica, coincide con Carlos Henrique Fernández Coto, al apuntar la decana que «hai que difundir o Patrimonio para que a xente acabe implicándose na contorna na que vive. Hai que tomar conciencia do valor das cousas».
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Non máis pintadas
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Desde la plaza de Azcárraga, en A Coruña, Juan Borrego trata de realizar esa labor de concienciación. Es uno de los vecinos del casco histórico coruñés que hace unos meses formaron la asociación Non máis pintadas para denunciar el estado en el que se encontraban muchos de los edificios de una zona por la que, como dice, pasan los turistas que llegan a la ciudad. «Empezamos los vecinos de la zona vieja para tratar de sensibilizar a las administraciones, pero es un problema que trasciende a todos los barrios de la ciudad», explica junto a uno de los plátanos protegidos de la plaza, que también ha sufrido el ataque de un espray. Recuerda que, tras meses de espera, el Concello coruñés está a punto de aprobar una ordenanza para limpiar las pintadas. Mientras, los vecinos continúan armándose de agua y jabón.
Información elaborada con la colaboración de las ediciones de La Voz.