El Concello ingresó 2,2 millones con embargos de cuentas desde el año 2015

r.m. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Santi M. Amil

Los requerimientos activos, algunos de lustros atrás, suman en torno a 19 millones

15 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ayuntamiento reclama cada año más de cuatrocientos mil euros con el embargo de cuentas bancarias y salarios públicos. Esta es la última de las medidas administrativas que tiene a su alcance para reclamar los impagos a sus deudores, una vez agotadas la vía de apremio y ejecutiva, aunque no siempre es fácil obtener lo adeudado a través de esa incautación. No hay más que ver el montante que acumulan las reclamaciones de embargos: unos 19 millones, prácticamente la quinta parte del presupuesto municipal, si bien esos incobros no son de un solo ejercicio.

Son la suma del histórico pendiente, lo que sitúa buena parte del origen de esas reclamaciones en mandatos anteriores, aunque se mantienen activas en espera de que se den las condiciones para ejecutarlas. Porque no en todos los casos la vía de la incautación dineraria asegura esos ingresos. Ante situaciones de embargos, «moitos teñen a picaresca de ter pouco movemento nas contas correntes», afirma la concejala de Facenda, María Rozas.

Pero esa es solo unas de las posibilidades de la Administración para forzar a los contribuyentes deudores a cumplir con sus obligaciones tributarias. La otra reside en el embargo de devoluciones del IRPF y de sueldos y pensiones públicas. Cuando la opción de las cuentas resulta infructuosa, «se detectamos que hai devolucións tributarias e soldos públicos, entón actuamos».

Entre ambas modalidades (la retención bancaria y la de pagos públicos), Raxoi ejecuta anualmente por encima de los 150 embargos de media. En lo que va de año, esas reclamaciones suman 278.000 euros por la intervención sobre cuentas corrientes y 137.000 por la retención de devoluciones de Hacienda y sobre pensiones y salarios públicos, a través del convenio que mantiene con la Agencia Tributaria.

En total, la vía del embargo ha sumado más de 2,2 millones de ingresos a lo largo de este mandato, sobre todo las retenciones en cuentas bancarias (1,66 millones). En este caso, el nivel de ingresos es más sostenido en el tiempo: en torno a los 300.000 euros anuales, con la excepción del 2015, en que superó los 820.000 al resolverse un embargo de cuantía muy elevada vinculada con un impuesto de construcción. Son los de este sector los que mayores importes suman en esos casi 19 millones sujetos a iniciativas de embargo que en algunos casos se remontan a bastante más de una década y que tienen detrás a prácticamente 9.500 deudores.

Las cifras anuales por la retención de devoluciones de la declaración de la renta o sobre salarios públicos -el Concello solo puede actuar sobre estos- son más volubles. De los 212.000 euros ingresados en el 2015 se bajó a los 85.000 el año pasado, para subir en lo que va del 2018 a los 137.000, la segunda mejor cifra de los últimos cuatro ejercicios. Hace unos años se realizaban también embargos de vehículos. Esa opción no se mantiene.

Raxoi recupera cada año en torno a 3,5 millones por vía ejecutiva

Los procedimientos de embargos llegan una vez que no se han atendido las reclamaciones en ejecutiva, que en buena medida sí se atienden, según Rozas. «Os cobros en executiva son en torno a 3,4 millóns cada ano, de xente que foi notificada e que pagou cos seus intereses». Pese al acumulado histórico que arrastra el Concello, lo excepcional es proceder al embargo, dice la edila, quien advierte que esas reclamaciones no prescriben una vez que se ha iniciado el procedimiento. Y entre esos embargos puede haber casos de despistes, y de gente que no paga, pero también de grandes deudores, con importes elevados.

Lo que no hace de momento el Concello es aplicar embargos de bienes, coches e inmuebles. «Nunca se imprantou -salvo los coches, aunque no se continuó- pero non por falta de vontade ou de interese». Es más una cuestión de capacidad. Son procedimientos «complexos» que precisan «moitos medios e moito tempo» y «son poucos os concellos con dispoñibilidade para facelo», aunque «sería cuestión de avanzar e ir a outros tipos de embargo», concluye Rozas.