Noriega no hará excepciones con los pisos turísticos en el casco histórico

El gobierno llevará al pleno la misma propuesta que dejó sobre la mesa en el anterior


santiago / la voz

La modificación puntual del Plan Especial que prohibirá el asentamiento de alojamientos hoteleros en el ámbito residencial del casco viejo, hasta que el nuevo planeamiento defina cómo y dónde se podrán instalar, volverá al pleno de la corporación el día 15. Y lo hará con el mismo texto que Compostela Aberta (CA) retiró de la anterior sesión ante la presión de los demás grupos, especialmente del BNG, para que se estudiase una alternativa para los pisos turísticos que, aun careciendo de autorización local, cuentan con la de la Xunta y sirven de complemento a economías familiares.

La modificación puntual que plantea el gobierno de Noriega los dejaba en una inseguridad jurídica que populares, socialistas y nacionalistas querían evitar. Pero nada ha mudado pese a un aplazamiento en el que CA mantuvo contactos con el BNG, la formación que había presentado una alegación a su propuesta inicial. Con el PP ya posicionado en contra y el PSOE manteniendo su reserva, la posición del BNG puede ser determinante, pues a CA le basta con la mayoría simple.

De momento, el BNG también guarda reserva, aunque para el edil de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, no debería haber problema para su aprobación cuando «todos estamos de acordo en que é necesario regularizar e descentralizar o uso turístico». Todos votaron a favor del texto inicial y «non facelo agora» sería «un gran paso atrás, porque estariamos liberalizando a instalación de usos hoteleiros para a cidade vella». La moratoria vence este mes.

La diferencia entre la aprobación inicial y la definitiva, que se formula ahora, es la aparición de la figura de los pisos turísticos en el 2017. Y la oposición demanda que hasta que no se resuelva jurídicamente la situación de los que están en el centro de este debate, se tenga en cuenta algún tratamiento excepcional para ellos. Pero jurídicamente esa petición no tiene encaje, según Duarte, quien defiende que la situación de esos pisos no mudará con la aprobación definitiva, «nin para ben nin para mal». A efectos del Concello seguirán fuera de la legalidad, pero este mantendrá el foco inspector «nos que non teñen autorización de ningunha clase». Cualquier solución habrá de salir, dice, de un estudio profundo que es está iniciando sobre usos residenciales y turísticos en la ciudad, en especial en la zona monumental.

La oposición insiste en que se dejen al margen o se les dé una solución intermedia

 

 

El Plan Especial del casco viejo adquirirá un protagonismo prácticamente absoluto en el pleno de la próxima semana. Porque no solo irá su modificación puntual para asegurar la continuidad de la prohibición de nuevos usos hoteleros, sino el documento de evaluación ambiental que supondrá el arranque oficial de la revisión de ese mismo planeamiento. Y precisamente en esa dualidad centra sus críticas el PSOE.

Para Paco Reyes, que niega la existencia de contactos con ellos para entrar en detalle en lo que afecta a los pisos turísticos, la coincidencia de ambos puntos demuestra que CA no tenía las cosas claras cuando aprobó la moratoria y que funcionan «a golpe de calendario». «Son os límites temporais os que marcan a acción do goberno e non a planificación», dice, mientras que Agustín Hernández (PP) sostiene que el gobierno «non está disposto a buscar a ferramenta» que pide el BNG para los pisos turísticos amparados por la Xunta y que no respondan a iniciativas empresariales o de propietarios con numerosos inmuebles. Admite que puede ser necesaria una regulación, pero también pide que se retiren de ese texto los pisos turísticos, que surgieron durante la tramitación del cambio en el planeamiento «e non tiveron ocasión de alegar»: «Que o retiren e aproben o expediente sen ningún problema», porque «non falamos de cuestións filosóficas, senón dun problema real».

El BNG entiende que, mientras no se resuelva jurídicamente su situación, no se debe «prexudicar» a estas personas y que el hecho de contar con el amparo de la Xunta, pero no del Concello, los deja «en inseguridade xurídica», según Goretti Sanmartín.

«Son os límites temporais os que marcan a acción do goberno, non a planificación»

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