El gobierno local mantiene su criterio sobre los pisos turísticos y aspira a convencer a la oposición
SANTIAGO
Noriega entiende que un amparo normativo local cuestionaría la autonomía reguladora del Ayuntamiento
20 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno local abrirá conversaciones con la oposición sobre la situación de los pisos turísticos autorizados por la Xunta pero que la modificación puntual del Plan Especial dejaría en situación irregular. Lo hará después de que la oposición forzase anteayer, a iniciativa del BNG, que la aprobación definitiva del texto que formulaba Compostela Aberta (CA) quedase sobre la mesa, cuando iba a ir al pleno de esa misma jornada. Pero ese contacto será prácticamente solo para guardar las formas. Para cumplir el compromiso previo de abordar el tema con la oposición.
Porque CA mantiene posiciones en cuanto al fondo. Entiende que está en juego la autonomía municipal para regular un sector «tan sensible» como los pisos turísticos y que el amparo normativo que pide la oposición para aquellos que ya cuentan con autorización autonómica sería renunciar a esa autonomía. Y Compostela Aberta no está dispuesta a ello. Eso sería una «irresponsabilidade», decía ayer el alcalde.
Consciente de que puede haber distintas tipologías de actividades en el alojamiento turístico, como expone la oposición, Noriega insiste en que «hai que regular». Y el Ayuntamiento, «coa mesma lexitimidade que pode ter a Xunta, debe participar desa regulación, sexa cal sexa o resultado final da mesma». «Nós imos manter esa aposta», y «non por «resistencia, senón por coherencia», precisa. El alcalde aspira a «convencer» a la oposición, con datos y ejemplos de otras ciudades; «e logo a corporación que faga o que considere». Pero «non podemos facer deixación de funcións», y hasta sería «un agravio comparativo con quen quere abrir unha librería, ou un hostal».
La aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial debe darse antes del 25 de noviembre si se quiere mantener, hasta la aprobación de la revisión general de dicho plan, la moratoria de los últimos tres años que prohíbe la concesión de licencias para alojamientos turísticos, una necesidad esa (la de mantener la moratoria) en la que sí ve amplio consenso.