Reyes y Cela condicionan al diálogo su voto a la ordenanza de terrazas

PSOE y BNG facilitan su aprobación inicial pero advierten a CA que su posición puede cambiar si no habla con el sector


santiago / la voz

Compostela Aberta (CA) sacó ayer adelante, de forma inicial, su propuesta de modificación de la ordenanza de terrazas con la abstención de socialistas y nacionalistas. Pero lo tendrá difícil para la aprobación definitiva si no se abre al diálogo con el sector de hostelería y con los propios grupos políticos. Porque ni con uno ni con los otros se prodigó el gobierno local, según Paco Reyes (PSOE) y Rubén Cela (BNG), quienes ayer propiciaron su viabilidad inicial precisamente para que el equipo de Noriega aborde los cambios con los afectados. Y lo hicieron con la advertencia, más o menos explícita, de que su voto podría ir en otra dirección cuando el asunto vuelva al pleno.

Previamente habían pedido la retirada del punto de la sesión extraordinaria en la que se abordó esa iniciativa, invitando a la reflexión del gobierno. Y de hecho, Cela no vio «razoable» que sí hubiese «interlocución» para la modificación de la ordenanza de ruidos, cuya revisión también se aprobó ayer inicialmente para dar seguridad jurídica a las actividades de música en vivo, y «non para falar disto». El concejal de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, ya debía de intuir el escenario porque antes de que la oposición tomase la palabra abrió la posibilidad a introducir correcciones en el plazo de alegaciones expresamente para el punto que limita el frente de las terrazas al de la fachada de los establecimientos, el que más parece preocupar al sector.

El PP, impulsor de la actual ordenanza, centró su intervención en cuestiones más técnicas, aunque coincidió con los grupos minoritarios de la oposición en cuestionar que después de tres años de gobierno Compostela Aberta llegue al pleno con una modificación de la ordenanza «que se dice provisional» y sin un mínimo de consenso ni con los demás partidos ni con el sector. Teresa Gutiérrez concluyó que la propuesta que había defendido Jorge Duarte (CA) supone un «empeoramiento» y que su tramitación es incorrecta.

PSOE y BNG criticaron que después de esos tres años la iniciativa de un gobierno que siempre se opuso a las terrazas con cierres estables no haya dado para más: para entrar en esa materia y llevar a la sesión una modificación más amplia. Pero Duarte, que previamente había reiterado la motivación de la revisión que expuso públicamente hace unos días, descartó ir más allá con las terrazas con cierres estables. Estas tienen licencia por diez años -la revisión rebaja las concesiones futuras a 4 por una imposición normativa superior- y, «se as retiramos, habería que indemnizar» y ese es «un escenario que non nos plantexamos». El edil defendió avanzar y hacer ahora «os cambios necesarios».

El PP se enfrenta a CA por unas medallas en las que ve «partidismo clandestino»

La corporación tuvo ayer sesión doble. El pleno extraordinario dio paso al ordinario de julio, y con él a la polémica por una propuesta de condecoraciones que enfrentó al PP con el resto de la corporación. Porque a todos acusó Alejandro Sánchez-Brunete de no respetar el compromiso de no conceder más reconocimientos «hasta que no hubiese nuevo reglamento». Y el aprobado inicialmente en mayo aún no está en vigor. «Los grupos de izquierda se lo han saltado y pactado nombres», «no tienen vergüenza», dijo el popular tras observar que en la propuesta «asoma la mendacidad, la deslealtad, la mala fe, el partidismo clandestino, la artibrariedad, la frivolidad y en algún caso parece asomar algún indicio de lo que podríamos calificar de contrabandismo de condecoraciones».

La reacción de los demás grupos no se hizo esperar, no solo para replicarle, sino para reafirmarse en su apoyo a una iniciativa que abre el camino a la retirada de honores a 9 ministros franquistas y que reconoce a 10 figuras relacionadas con Santiago. Entre ellas a Ánxel Casal, «o alcalde que defendeu coa vida a legalidade republicana» y al que se hace «xustiza reparadora», según Manuel Dios, quien apuntó que no había más razón para «a premura» del acuerdo que la de asegurar que las condecoraciones se puedan oficiar este año. Dios acusó al PP de ser conocedor de una propuesta a la que no presentó «alternativas» y de mantener una postura «obstrucionista» porque «non lles gusta».

La iniciativa incorpora la denominación de seis calles con nombres de mujeres a propuesta del BNG. Goretti Sanmartín lamentó que al PP no le parezcan suficientes los méritos de esa lista -«igual porque camiña por unha vía distinta á que queremos construír»- y Reyes apuntó que el expediente puede tener defectos, pero que no se puede decir que el acuerdo es clandestino cuando fue a dos comisiones.

El coste de los contratos menores ronda los cinco millones de euros

Los contratos menores se hicieron también ayer un hueco en el debate. Y en este caso para unir a la oposición en la crítica por el reiterado recurso de CA a ellos. La ocasión la propició la modificación puntual de las bases de ejecución de los presupuestos para derivar a los concejales de cada área la competencia para su autorización, que ahora está centralizada en la edila de Facenda.

La iniciativa no dejó de sorprender a toda la oposición, ya fuese por no verlo necesario o por cuestionar que desaparezca la fiscalización previa del área ecomómica sin que esté garantizado que Raxoi tenga capacidad para asegurarla a posteriori. María Rozas advirtió ahí «unha confusión». El cambio no supone que se vaya a «fiscalizar doutro xeito», dijo la edila de Facenda.

Manuel Martínez (PP) cifró en 4,7 millones el importe de los contratos menores del 2016 y estimó los del 2017 en 5,4 después de que Reyes apuntase que suponen el 52 % de los contratos municipales y Cela observase un «abuso evidente» de CA con ellos, cuando deben ser un recurso para necesidades puntuales y no repetitivas, según un informe de Intervención, precisó. PSOE y BNG entienden que con esa cantidad de gasto Rozas quiera «socializar a responsabilidade». La oposición calificó la decisión,l no obstante, de asunto interno del gobierno y se abstuvo.

La normativa sobre ruidos sale adelante con el apoyo del BNG

 

La ordenanza de emisión y recepción de ruidos también pasó ayer el trámite inicial de su revisión para dar seguridad a los conciertos de música en vivo en los locales de ocio. En este caso, CA cuenta con apoyo para su aprobación definitiva tras el período de exposición pública. Tiene el del BNG, suficiente con el voto de calidad del alcalde, aunque ni lo precisó ayer ni lo precisará, previsiblemente, más adelante, al abstenerse el PSOE. El PP votó en contra de una modificación que tachó de «alevosa» toda vez que la exposición pública coincidirá en agosto. Y pidió que se amplíe ese plazo.

La corporación respalda a la plataforma contra la planta de Casalonga

 

 

La oposición a la creación de la planta de residuos que una empresa prevé instalar en Casalonga (Teo) llegó ayer al pleno compostelano, donde intervino un representante de la plataforma Casalonga Limpa de Residuos, a la que la corporación manifestó su apoyo a través una declaración institucional pactada horas antes en la junta de portavoces. El acuerdo plenario insta al Concello de Teo y a la Xunta a adoptar las medidas necesarias (institucionales y administrativas) con encaje legal para evitar su instalación y a impulsar cambios legislativos para que «estas situacións, e outras de igual gravidade, non se dean en solos próximos a zonas residenciais».

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