La Xunta multa al Concello por el vertedero de Aríns y exige su sellado

Le indica que si no actúa de forma inmediata podría haber sanciones coercitivas

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santiago / la voz

La Xunta ha exigido al Ayuntamiento el sellado inmediato de la antigua escombrera de Aríns, el vertedero de residuos de construcción y demolición localizado en Fornáns y que funcionó entre mediados de los años noventa y septiembre del 2011. Lo ha hecho a través del expediente sancionador que le abrió hace un año por las condiciones de ese enclave y que resolvió hace días con una doble multa de 5.000 euros por dos infracciones graves y la advertencia de que de no asumir el sellado se le podrían imponer multas coercitivas.

La primera de esas sanciones obedece al «abandono» en que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Xunta entiende que está el vertedero, al no haberse procedido a la retirada de los residuos ni a realizar las actuaciones necesarias para su sellado y clausura. La segunda se le ha impuesto por no haber presentado la documentación necesaria para proceder a esa clausura, una documentación que la Administración autonómica reclamó al Concello en dos ocasiones, a mediados del 2016 y a finales de ese mismo año, antes de decidir la apertura del expediente.

Según este, el acta de inspección del vertedero realizada en marzo de aquel año no constataba la existencia de daños al medio. Únicamente indicaba «a existencia dalgúns puntos de vertidos incontrolados de residuos de construción e demolición fóra do vaso». Sin embargo, el informe complementario de la jefatura del Servizo de Residuos emitido en mayo del 2017, ante la petición de apertura de ese expediente, apuntaba que un vertedero abandonado, autorizado o no, constituye un riesgo para el medio ambiente y que «debe ser selado e clausurado de tal xeito que se evite que se produzan danos ao medio ambiente ou á saúde das persoas».

Pero el Concello «non realizou ningunha actuación necesaria para a retirada dos residuos alí vertidos nin a súa clausura e selado», según refiere el documento sancionador, en el que se recoge que ya a finales del 2016, con el segundo escrito en el que se le reclamaba la presentación del proyecto de sellado, se le advertía de que se le podría abrir expediente sancionador si no lo entregaba. Y la Administración local no solo no lo presentó, sino que no alegó ni al acuerdo de inicio del expediente sancionador ni a la propuesta de resolución que se emitió en septiembre pasado.

Así lo recoge ese mismo documento, en el que la Xunta advierte que no descarta la imposición de sanciones coercitivas si el Concello, como responsable del vertedero, no atiende a sus requerimientos. Las multas coercitivas serían reiteradas por lapsos de tiempo suficientes «para cumprir o ordenado». Su cuantía no superará un tercio de la multa fijada por la infracción cometida, que en este caso se mantiene en el tramo inferior. Las infracciones graves se pueden sancionar con entre 901 y 45.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa irá de los 9.001 a los 300.000 euros.

Contra esta resolución, notificada ya al Ayuntamiento, aunque el edil de Medio Ambiente dijo ayer desconocerla todavía, cabe recurso de alzada ante la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en el plazo de un mes. Ese plazo comienza a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación.

El recinto fue cerrado en el 2011 tras la advertencia de «risco» ambiental

La notificación del expediente no había llegado todavía ayer al departamento municipal de Medio Ambiente. Su responsable, Xan Duro, no la conocía al menos. El edil declinó cualquier valoración «ata ter coñecemento» de su contenido, aunque no dejó de apuntar que, «como noutras ocasións», ha de ser el gobierno de Compostela Aberta quien debe buscar «solucións» a situaciones «que deixaron outros». Porque este vertedero, recuerda Duro, «clausurouno Conde Roa sen selalo».

La actividad en la escombrera, explotada entonces por Vertresa, cesó prácticamente a principios del anterior mandato (en septiembre del 2011), iniciamente de forma provisional, después de que el técnico municipal de Medio Ambiente advirtiese de la existencia «dun grave risco para o medio ambiente». El entonces gobierno del PP refería que no se hacía separación de residuos, que la depuradora de aguas de escorrentía era deficiente y que se depositaban residuos no aptos para esas instalaciones, y criticaba que su predecesor, el bipartido (PSOE-BNG), no hubiese actuado antes.

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