Los funcionarios deberán ratificar el acuerdo, que se somete hoy a votación
26 abr 2018 . Actualizado a las 22:54 h.La huelga en la Justicia gallega puede empezar hoy a escribir su punto final tras 80 largos días de paralización que han supuesto la suspensión de miles de juicios y numerosos perjuicios a los ciudadanos. La Xunta y cuatro de las siete organizaciones sindicales que integran el comité de huelga -SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.?OO.- firmaron ayer un principio de acuerdo del que se han descolgado los otros tres sindicatos -Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG-, que incluso llegaron ayer a insultar a sus compañeros al grito de «traidores» y «vendidos».
El acuerdo entre esos cuatro sindicatos, que representan al 60 % de la masa laboral, y la Xunta prevé un incremento salarial de 140 euros al mes para los forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para el cuerpo de auxilio. En caso de que los trabajadores le den su visto bueno, el 50 % de esos aumentos salariales ya los percibirían este año, mientras que el que viene sumarían otro 30 % y en el 2020 percibirían el 20 % restante. Además, está incluida una cláusula de revisión automática que garantiza que los funcionarios gallegos de Justicia estarán siempre por encima de la media española.
Los funcionarios de las siete ciudades gallegas están llamados hoy a votar, entre las 9 y las 17 horas, a favor o en contra de este preacuerdo. En otra jornada votarán los municipios de menor tamaño.
Por el peso que tienen las ciudades, la de hoy será la jornada determinante. Si los funcionarios de los juzgados más grandes votan a favor del acuerdo, la huelga puede darse por terminada. Caso contrario, entraríamos en un escenario muy complicado, porque la oferta económica de la Xunta no solo es buena, sino que es mejor de lo que los sindicatos esperaban conseguir antes de que se iniciase el conflicto.
La económica no es la única reivindicación sindical que se ha visto atendida. También, y gracias a la negociación con el Gobierno central, dejarán de descontarles parte de su sueldo cuando estén de baja. Además, el preacuerdo establece también mejoras para la conciliación familiar de los trabajadores y en los juzgados de violencia sobre la mujer. Ahora solo serán necesarias 75 diligencias y no cien para que los funcionarios perciban un complemento de 50 euros.
También habrá un plan de recuperación de trabajo que permitirá a muchos funcionarios que secundaron el paro recuperar buena parte de las nóminas perdidas, y servirá de alivio para la delicada situación en la que han quedado los juzgados gallegos, con miles de casos atascados. Esto se ejecutará en coordinación con el Tribunal Superior de Xustiza y la Fiscalía gallega.
El presidente Feijoo valoró ayer la propuesta de la Xunta que hoy votarán los trabajadores y señaló que permite regresar «ao sentido común e a defender os intereses dos traballadores falando de problemas laborais, e non dos intereses dos partidos da oposición», una apreciación que circunscribe a los tres sindicatos contrarios al preacuerdo. Si el conflicto cesa, cree que saldrán beneficiados, por este orden, los ciudadanos y los trabajadores, que tendrán mejoras salariales. «O lóxico», insistió, es que los empleados públicos puedan decidir sobre un pacto que contará con el cumplimiento leal de la Xunta «sen volta atrás», informa Juan Capeáns.
Ahora, jueces y fiscales
Mientras, jueces y fiscales iniciaron ayer una de serie de paros parciales en toda España. Reclaman al Ministerio de Justicia más medios y la recuperación salarial perdida en los últimos años.
Crónica de una ruptura sindical anunciada
En estos 80 días de huelga en la Justicia gallega, la unidad sindical ha estado a punto de saltar por los aires varias veces y estaba claro que todo acuerdo con la Xunta supondría, como así ha sido, que Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG se desmarcarían de él. No en vano, durante todo el proceso estas organizaciones han dado muestras de no querer que la negociación llegase a buen puerto y, sobre todo, de que no fuesen los trabajadores los que, votando, decidiesen si las mejoras salariales y laborales ofrecidas por el Gobierno gallego les resultan o no suficientes.
Estos casi tres meses de huelga han estado en todo momento condicionados por un hecho absolutamente ajeno a los intereses de los trabajadores, pero que los sindicatos -todos ellos- han tenido siempre muy presente: las elecciones sindicales que se tendrán que celebrar dentro de un año. La CUT, el segundo sindicato con más peso en la Justicia gallega tras SPJ-USO, ha visto en la huelga la oportunidad de generar una desafección entre los funcionarios con los sindicatos tradicionales que le permita aumentar su poder tras esos comicios. STAJ y CIG, que son minoritarios, lo han acompañado calculando que así aumentarán su peso. Para ello era necesario mantener vivo y elevar cada vez más el conflicto y no llegar nunca a un acuerdo.
SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.?OO conocían desde el principio la estrategia encabezada por la CUT, y han tratado de neutralizarla intentando que aceptasen someter a la votación de los trabajadores un acuerdo que, por tanto, tenía que ser lo suficientemente bueno en lo económico.
La CUT y sus dos socios no solo no han aceptado su posición de minoría en el comité de huelga -tres de siete votos- incumpliendo la decisión democrática de la mayoría, sino que han llegado a abuchear, amedrentar e insultar a los miembros de las otras centrales al grito de «traidores» y «vendidos». La pregunta es por qué no quieren que sean los funcionarios a los que representan los que decidan con su voto. Quizás, porque son conscientes de que es probable que los trabajadores den el visto bueno a la propuesta de la Xunta y quede así patente que han llevado la negociación por el camino que creían que más les interesaba a sus organizaciones, aunque eso supusiese que sus compañeros siguiesen perdiendo dinero cada día.