Unos 1.500 funcionarios de Justicia piden en Santiago salidas para su conflicto

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO

SANTIAGO

Xoán A. Soler

Los líderes de todos los partidos, a excepción del PPdeG, acompañaron en la manifestación a los huelguistas

07 abr 2018 . Actualizado a las 14:45 h.

Unos 1.500 empleados públicos de la Justicia en Galicia han vuelto a salir a las calles de Santiago para reclamar una solución a su conflicto laboral, que los mantiene inmersos en una huelga indefinida que hoy cumple dos meses. La plataforma sindical que agrupa a SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO. volvió a conseguir una notable participación, ligeramente inferior a la primera convocatoria de finales de febrero -el día no acompañó-, pero suficientemente ruidosa para un colectivo que no llega a las tres mil nóminas en Galicia.

La convocatoria puso en el punto de mira a Alfonso Rueda, conselleiro de Xustiza, al que los manifestantes le transmitieron a través de innumerables consignas su rechazo a su oferta económica y le reprocharon su «prepotencia» en la negociación, además de reclamar reiteradamente su cese. Los líderes sindicales que ejercieron de portavoces volvieron a cargar contra el vicepresidente y criticaron las «medidas intimidatorias» contra los empleados a través del endurecimiento de los servicios mínimos. Además, lamentaron que desde la Xunta se esté intentando enfrentar a los trabajadores con la sociedad, cuando entienden los sindicalistas que las mejoras salariales que reclaman redundarán en un mejor servicio a los ciudadanos.

Luís Villares (En Marea), Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), Ana Pontón (BNG) y Olga Louzao (Ciudadanos) apoyaron de nuevo a los manifestantes y compartieron una pancarta en tercera fila. Los líderes políticos coincidieron en describir como «xustas» las reivindicaciones, pidieron la dimisión de Rueda y apuntaron más alto, a Núñez Feijoo, para que se haga con las riendas del conflicto y le ponga punto final atendiendo las demandas laborales y económicas.