La Xunta quiere resolver la huelga de la Justicia sin una «subasta infinita»

Feijoo pide a los sindicatos que asuman el mensaje enviado por los trabajadores

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Santiago

La reunión definitiva, el segundo paso que deberían dar conjuntamente la Xunta y los sindicatos de Justicia (SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC. OO.) para poner el punto final a la huelga indefinida, se va a posponer al menos hasta el próximo lunes. Han sido los representantes de los trabajadores los que han elegido el día 26, iniciada la Semana Santa, para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo, en vez de tratar de forzar hoy mismo una reunión que ahorraría tensión a un conflicto que le cuesta unos 70 euros de media a cada empleado público.

Pero ambas partes consideraron oportuno reflexionar con calma sobre la jornada clave del miércoles, en la que los trabajadores votaron con claridad a favor de romper los límites negociadores fijados para tratar de acercarse así a las cifras que maneja la Xunta.

Sin embargo, la Administración, la otra parte aludida, no quiere sentarse a hablar de dinero y sí de terminar de zurcir las costuras que no son estrictamente salariales y sobre las que hay un alto grado de acuerdo a falta de flecos que no justificarían la continuidad del paro.

El presidente de la Xunta también hizo su valoración de la consulta, y a su juicio los empleados públicos votaron un «si ao acordo», con el añadido de que ejercieron su opinión conociendo a la perfección la última oferta administrativa. «Por iso agradezo moito a responsabilidade dos traballadores, e agora espero que os representantes sigan as súas instrucións», interpretó.

Más concreto fue el número dos del Ejecutivo, Alfonso Rueda, que se mostró partidario de retomar las negociaciones siempre que este nuevo encuentro no se centre en las reivindicaciones salariales, para no convertir el conflicto en una «subasta infinita» en la que a su equipo le toca lidiar con el dinero de todos los gallegos.

Las palabras del vicepresidente gallego reflejan un punto de sosiego que desapareció del discurso de la Xunta el pasado lunes, después de que los representantes de trabajadores rechazasen la cláusula para mantener y revisar los sueldos respecto a otras comunidades y la posibilidad de organizar horas extras para recuperar tareas y rehabilitar parcialmente las adelgazas nóminas de febrero y la que vendrá de marzo. Tras la votación Rueda es más «optimista», aunque insiste en que las últimas cifras ofertadas son «firmes».

Las centrales dicen que la votación les ha dado un «plus de legitimidad»

El comité de huelga ha criticado la lectura realizada por la Xunta sobre el resultado de las votaciones celebradas el miércoles y cree que esta consulta les ha otorgado un «plus de legitimidad y de fuerza» para seguir negociando la mejor oferta posible, al margen de que vaya a estar por debajo de los 190 euros al mes desbloqueados por los trabajadores. Manuel Díaz portavoz sindical de UGT, dedicó la jornada de ayer a analizar los resultados junto a sus colegas y a preparar una estrategia final para tratar de alcanzar un acuerdo que mejore la oferta del Gobierno, plantada en los 133, 108 y 105 euros, un escenario escalonado para el personal gestor, los tramitadores y los auxiliares, respectivamente. Sin embargo, los representantes de los trabajadores confían en obtener alguna mejora más que permita salvar la labor sindical tras 44 días de desgaste. Los funcionarios hicieron una nueva donación simbólica de 250 kilogramos de alimentos a la Cocina Económica de Santiago.

Una subida total comprometida de entre 3.500 y 4.000 euros al año

La oferta de la Xunta, unida a la subida anunciada por el Gobierno central, que también saldrá de las arcas gallegas, supone un incremento salarial del 14 % y garantiza a todos los trabajadores de la Justicia que quedarán siempre por encima de la media estatal en el caso de que otras comunidades experimenten mejoras que comprometan la posición relativa de Galicia. El equipo de Alfonso Rueda que está negociando cifra estas subidas en 3.500 o 4.000 euros al año, y pide a los sindicatos que reflexionen sobre esas cantidades que «blindarían» sus salarios en los próximos años.

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