Los trabajadores de la Justicia rebajan sus exigencias y abren la vía al fin de la huelga
GALICIA
Votaron a favor de que se negocie con la Xunta sin el umbral de subida de 190 euros al mes
22 mar 2018 . Actualizado a las 01:06 h.El conflicto de la Justicia estaba a dos pasos de resolverse y desde ayer está a uno solo. Los empleados públicos votaron en las sedes judiciales de las siete ciudades gallegas y de una forma rotunda transmitieron a sus representantes sindicales que estaban dispuestos a admitir una subida mensual que va a estar necesariamente por debajo de los 190 euros lineales para todas las categorías laborales, que hasta esta semana eran una frontera inamovible, y los 133, 108 y 105 euros que la Xunta ofrece respectivamente al personal gestor, tramitador y auxiliar.
En realidad se trataba de algo más que una mera consulta técnica o económica. Como en todos los conflictos dilatados, las partes necesitaban una salida airosa tras 43 jornadas de roces y reproches, y los sindicatos encontraron la suya al depositar en los trabajadores la responsabilidad de decidir si los avances salariales y laborales alcanzados eran suficientes. La respuesta fue masiva en este sentido. Casi 1.500 de las 2.700 personas en nómina de la Consellería de Xustiza votaron, y 942 estuvieron a favor de rebajar las pretensiones y, de esta forma, dejar las manos libres al comité de huelga para ponerle el lazo a una última oferta, que en todo caso esperan mejorar. En cuatro ciudades el mensaje fue inequívoco. En Ferrol, Santiago, Lugo y Ourense el acuerdo superó ampliamente el 70 %, y en A Coruña, Vigo y Pontevedra rondó el 60 %.
Con más o menos intensidad, los trabajadores de Justicia también expresaron de forma implícita a través de su voto el apoyo a las gestiones realizadas por los sindicatos, pero también dejan entrever un cierto cansancio por la duración de un conflicto que ya se hizo notar en la nómina de febrero, situación que volverá a repetirse en marzo.
Desde la Xunta siguieron con atención el desarrollo de las votaciones, porque el departamento dirigido por Alfonso Rueda también tenía sus propias segundas lecturas de los resultados, asumiendo que, de ganar la postura más dura, el conflicto entraría en un páramo desconocido, porque las diferencias económicas serían insalvables. Al permitir flexibilizar la negociación, Xustiza interpreta que los trabajadores también han rechazado la posición «inmobilista» de los sindicatos, a los que advirtieron en repetidas ocasiones que sus planteamientos iniciales eran inasumibles. Para el Gobierno, esta consulta hubiera sido mucho más esclarecedora si se hubiera producido hace unas semanas, y tampoco entienden por qué no se les ha consultado directamente a los empleados públicos sobre la última oferta de la Xunta, lo que hubiera desbloqueado el conflicto de forma inmediata.
El paso definitivo
Ahora queda por dar el segundo paso, que sería inminente si hay voluntad. El comité de huelga se reunirá hoy para decidir su estrategia final, y en teoría el objetivo va a ser mantener una reunión de urgencia con la Xunta sin límites económicos y con el objetivo de puntualizar las dos últimas cláusulas incluidas en la propuesta, que consisten en garantizar el nivel salarial respecto al resto de las comunidades autónomas y diseñar un plan de trabajo con horas extras para aliviar la carga acumulada y las maltrechas nóminas de los dos últimos meses. El inicio de las vacaciones de Semana Santa invita a intentar dejar zanjado ya el acuerdo, por lo que ese hipotético encuentro debería celebrarse mañana. Y es todavía hipotético porque, en principio, la Administración insiste en que la del lunes fue su última oferta, y que lo que tienen que hacer es reflexionar sobre ella. Si les vale, todo consistirá en plasmarlo en un documento. Sin embargo, cerrar con las últimas cifras propuestas por la Xunta sería una mala salida para los sindicatos, que esperan un último esfuerzo económico como gesto de buena voluntad.
El seguimiento todavía es alto
Con el acuerdo a punto de caramelo, solo falta que las partes levanten el teléfono para quedar, una tensión de orgullo negociador que de persistir llevaría el conflicto a su séptima semana, empeorando las gravísimas consecuencias para los ciudadanos y para el sector, que prácticamente está paralizado.
El seguimiento de la huelga durante la jornada de ayer fue, según los sindicatos, de un 83 % en Vigo, un 82 % en Ourense, un 80 % en Pontevedra, un 77 % en Ferrol y Santiago, un 75 % en Lugo y un 65 % en A Coruña, con más de un 80 % en los partidos judiciales más pequeños. La Xunta, sin embargo, calcula que 929 personas secundaron la huelga, lo que da un seguimiento del 33,88 %, con un 38,53 % en la provincia de Pontevedra, un 36,68 % en Ourense, un 31,8 % en A Coruña y un 24,5 % en Lugo. Desde el Gobierno admiten que la incidencia ha descendido ligeramente, pero sigue siendo importante.
Rueda implica a Luís Villares con los sindicatos «que non queren o acordo»
Mientras los funcionarios votaban, su conflicto se trataba en el Parlamento gallego. De nuevo el líder de En Marea, el magistrado en excedencia Luís Villares, acusó a la Xunta de «inacción» y se dirigió al vicepresidente, Alfonso Rueda, para reprocharle que este conflicto no esté resuelto desde hace días, como debería estarlo, tras calificar de «exemplar» el comportamiento de los trabajadores.
El responsable de Xustiza en el Gobierno gallego personalizó en Luís Villares uno de sus argumentos de las últimas semanas, y es que desde la Xunta han percibido interés por parte de algunos sindicatos -en la negociación están unidos- en mantener vivo el conflicto, supuestamente con el objetivo de posicionarse entre los trabajadores con vistas a las elecciones sindicales del próximo año. «Vostede está cos que non queren o acordo», le dijo al portavoz de las mareas.
Rueda explicó que si él no ha estado presente en las mesas de negociación es porque los representantes no aceptaron suspender la huelga durante los contactos, y sobre las diferencias que impiden desbloquear la situación aseguró que se trata estrictamente de una «reclamación económica». El número dos del Ejecutivo recordó que los primeros «sufridores» de la huelga están siendo los ciudadanos, afectados en miles de trámites.