El Concello aprobará un crédito por 1,4 millones para asumir la grúa y la ORA

CA no descarta la suspensión transitoria del servicio si no hay municipalización

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santiago / la voz

Si la municipalización de la grúa y la ORA sale adelante en el pleno de mañana, el Concello deberá aprobar inmediatamente un expediente de crédito extraordinario por 1,4 millones para sostener el servicio. Es lo que costará desde abril, cuando lo asumiría Raxoi (el coste anual ronda los dos millones), y se financiaría con los ingresos del servicio, que en el peor de los escenarios evaluados en la memoria económica que acompaña la iniciativa para asumir su gestión directa, dejaría unos beneficios de 100.000 euros. Hasta abril el servicio seguiría gestionado por Setex, según los sucesivos mandatos de continuidad que le ha dado Raxoi desde que se inició el proceso municipalizador.

Ese proceso habrá de concluir mañana, aunque todavía no se sabe cómo después del último informe de la interventora municipal dictaminando un reparo suspensivo sobre la propuesta del gobierno por entender que la subrogación del personal que pretende el Concello a través de Tussa no tiene cobertura legal al no encajar con las limitaciones de personal que impone la conocida como Ley Montoro. Ante ese reparo suspensivo, y salvo la retirada de la propuesta para reevaluarla, el proceso solo se puede retomar si el pleno levanta esa suspensión. Y eso es lo que pedirá Compostela Aberta a la corporación municipal.

El gobierno tendrá ahí su primer escollo. Y no porque la oposición entienda que no se pueda levantar ese reparo. Es posible, coincidían ayer tanto el PP como el PSOE y el BNG. Pero entienden que resolver la clara discrepancia entre el informe de la interventora y la propuesta del ejecutivo requiere una motivación «moi fundada». Y de momento, mientras valoran el último informe jurídico, el emitido anteayer tras ese reparo, los tres estiman que hay dudas sobre la legalidad de una iniciativa que va a pleno con informes negativos del secretario y la interventora municipales y de la anterior jefa de personal. El gobierno replica que su propuesta se sostiene en los informes de la asesoría jurídica municipal, que la cuestionada subrogación es susceptible de diversas interpretaciones jurídicas y que la suya asume la más favorable al cumplimiento de la normativa europea en materia de estabilidad en el empleo y respecto a la autonomía local, además de asegurar que en Valladolid se subrogó al personal del servicio de agua sin reparo. Y mantiene que la asunción del servicio por Tussa constituiría un supuesto de «sucesión de empresas» a efectos de subrogación del personal, que podría considerarse personal fijo «a extinguir».

El gobierno entiende que no hay motivos para que no se repita al menos la votación de la aprobación inicial, lo que permitiría la municipalización. Pese a mediar un reparo suspensivo de última hora, afirma que nada ha cambiado para que no prospere la propuesta. ¿Y en caso de que no prospere? Tendría que analizar la situación con los servicios jurídicos, pero «é posible que se corte a prestación do servizo», dicen fuentes municipales, porque su continuidad en las actuales condiciones se mantenía porque estaba en marcha el proceso del cambio de gestión. Y esa posibilidad «é alta», aunque también transitoria, porque Santiago tendría que tener algún tipo de regulación del aparcamiento, precisan. Pero ello afectaría a la situación de los trabajadores.

La oposición se reserva hasta el pleno su voto sobre el levantamiento del reparo

Los trabajadores, las cuentas y el sustento jurídico preocupan a la oposición

 

 

El expediente de crédito, que solo llegará a tratarse si antes se levanta el reparo suspensivo y se aprueba la municipalización, no es objeto de cuestionamiento por la Intervención, aunque sí la subrogación del personal por el compromiso de gasto que conlleva. Pero la oposición sí que pone reparos a las cuentas del expediente. «Tienen mucho de cuentas de la lechera», dice Brunete (PP), quien ve «más riesgos que ventajas» en la municipalización, sobre todo para «los contribuyentes». Y para los socialistas, la memoria económica de la propuesta «é un despropósito» de un gobierno que ha sido «chapuzas» con un proceso en el que le preocupa la situación del personal, porque hay sentencias similares a esta situación contrarias a la subrogación al haber pasado dos años desde que desaparece el contrato, dicen. Desde CA afirman que hay sentencias donde «están poñendo os dereitos dos traballadores por riba».

También preocupa la situación en el BNG, que ayer recibió a trabajadores del servicio. Tras escucharlos y valorar el último informe jurídico, el grupo municipal decidirá su posicionamiento con su Consello Local. Defensor de la municipalización, Rubén Cela considera que CA llevó este proceso «da peor maneira» y que el problema ya no es que haya o no reparo, sino que «o que se aprobe teña sustento xurídico», que «non se poida tumbar ao día seguinte en sede xudicial». Y aconseja a Noriega que se asesore «por diferentes sitios».

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