Xustiza suspende los permisos laborales en febrero ante la huelga en los juzgados

La consellería justifica la medida para garantizar el servicio a los ciudadanos

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Santiago

Los funcionarios adscritos a los juzgados de Galicia no podrán disfrutar de vacaciones ni de días de asuntos propios en febrero. Ante la posibilidad de que la próxima convocatoria de huelga, fijada para el día 7, tenga carácter indefinido, la Consellería de Xustiza ha dictado una instrucción en la que «por regra xeral» impide a los trabajadores de este servicio disfrutar de este tipo de descansos a partir de mañana y hasta el día 28 «sen prexuízo da revisión deste prazo á vista da evolución da situación neste período de tempo», señala la orden firmada por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez.

La medida, que ya ha sido calificada por los sindicatos como «unha represalia ao funcionariado de Xustiza» por el conflicto abierto en demanda de mejoras salariales y sociales en el sector, está justificada, según la Xunta, por la posibilidad de que, si no se desconvoca el paro que se iniciaría a partir del día 7 de febrero, se «provoque unha afectación moi significativa e prexudicial ao funcionamento do servizo público e, conseguintemente, á tutela efectiva dos dereitos da cidadanía», explica Martín Álvarez en la instrucción aprobada.

La suspensión de la concesión de días de asuntos particulares y vacaciones no solo afectaría a las nuevas peticiones, sino también a las ya concedidas, que la orden declara revocadas.

No es solo la posible huelga indefinida lo que preocupa a la Consellería de Xustiza. También el movimiento de funcionarios que va a provocar la apertura de cuatro nuevos juzgados en Galicia y que hará que 31 salgan de sus destinos actuales en comisión de servicio para cubrir los puestos de nueva creación.

A esa circunstancia «absolutamente excepcional», como la califica la Xunta, se suman los movimientos de personal en cascada que se generarán. Los trabajadores que irán a los nuevos juzgados dejarán sus puestos vacantes y hay otros 163 funcionarios que cambiarán de destino por la resolución del último concurso de traslados. Los cambios tardarán en completarse unos veinte días, de ahí, señala Xustiza, la necesidad de actuar con antelación para garantizar que ningún juzgado de Galicia quede inoperativo, si finalmente se inicia la huelga indefinida, y que se puedan cumplir los servicios mínimos.

La reacción entre los sindicatos no se ha hecho esperar. Nada más conocerse la suspensión de los días de asuntos propios y vacaciones para febrero, las siete organizaciones con representación en el sector señalaron que la medida es «inxustificada» y «unha clara represalia ás accións reivindicativas levadas a cabo polo persoal de Xustiza nas últimas semanas».

Los representantes de los trabajadores fueron más lejos y ayer mismo presentaron una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago contra el director xeral de Xustiza por vulnerar, a su juicio, el artículo 315 del Código Penal, «pois impide ou limita o exercicio de liberdade sindical e do dereito de folga, con manifesto abuso da situación de necesidade, ao non definirse a excepcionalidade alegada na instrución». Para las organizaciones sindicales, la medida tomada por la Xunta limita el ejercicio de un derecho constitucional de los trabajadores, algo que sostienen que no se puede llevar a cabo, «e menos cunha regra xeral», añaden.

La Xunta retira la orden de su intranet, pero asegura que no ha dado marcha atrás

La inmediata polémica que generó entre los funcionarios de Xustiza la decisión de la Xunta de suspender la concesión de días de asuntos propios y vacaciones en febrero llevó al Gobierno gallego a retirar de su intranet la instrucción. Entre los sindicatos interpretaron este gesto como una rectificación y anunciaron que la consellería había dado marcha atrás en su discutida medida, pero el director xeral, a preguntas de La Voz, aseguró que siguen vigentes las limitaciones a la concesión de días de descanso el mes que viene.

Para Juan José Martín Álvarez, la instrucción tenía «meros efectos informativos» porque, explicó, la Xunta está obligada a garantizar que ni los movimientos de personal pendientes ni la posible huelga indefinida afecten al correcto funcionamiento del servicio. Una situación que ya se dio en los tres paros de una jornada de duración convocados hasta ahora por el personal de la Administración de Justicia en Galicia.

Sin embargo, sí parece que Xustiza podría suavizar la prohibición a la concesión de descansos en febrero. Manuel González, portavoz de UGT, señaló que la Xunta aprobó ayer mismo las solicitudes realizadas por algunos funcionarios que ayer pidieron días de asuntos propios para el mes de febrero.

Subida salarial y el fin a las penalizaciones cuando están enfermos

x. m.

Las negociaciones entre la Consellería de Xustiza y las siete organizaciones sindicales con representación entre los funcionarios de los juzgados gallegos continúan hoy con una nueva reunión en la que las posturas siguen muy alejadas. La posibilidad de acuerdo aún no se vislumbra, pese a la cercanía de la fecha tope del 7 de febrero, cuando comenzaría la huelga indefinida.

Los sindicatos reclaman una subida salarial para acabar con lo que consideran una «discriminación» de los funcionarios gallegos del sector con respecto a los del resto de las comunidades autónomas con la competencia transferida. En Galicia, el complemento autonómico es de solo 435 euros al mes, el más bajo, solo por encima del de los territorios que siguen dependiendo del ministerio. Eso significa que, por hacer el mismo trabajo, un gallego cobra 455 euros mensuales menos que un vasco, 165 menos que un madrileño, 135 menos que un navarro y 115 menos que un catalán.

Reclaman también la devolución de las cantidades detraídas de sus salarios entre los años 2013 y 2016 con las medidas anticrisis, que ascienden a 10.000 euros en el caso de los forenses, 5.000 en el de los gestores, 3.880 en el de los tramitadores y 3.440 en el de los auxiliares.

Otra reivindicación central de los sindicatos es que los funcionarios dejen de ser penalizados económicamente cuando están enfermos y tengan que coger una baja laboral. Actualmente, salvo en caso de intervenciones quirúrgicas o ingresos hospitalarios, les detraen un 50 % del salario los tres primeros días de ausencia del trabajo, reducción que a partir de la cuarta jornada y hasta la vigésima pasa a ser del 25 %.

Otro de los puntos que los sindicatos han introducido en la difícil negociación que hoy continúa es que se cubran todas las vacantes existentes en la Administración de Xustiza. Además, exigen que los sustitutos de los trabajadores ausentes cobren lo mismo que los sustituidos, algo que no sucede ahora mismo y que los representantes de los trabajadores consideran injusto. Hasta el momento, la Xunta no ha logrado llegar a un acuerdo con los sindicatos y ha advertido que las subidas salariales que reclaman, que cifran en entre un 12 y un 16 % por trabajador, son inasumibles. «Neste momento non podemos», afirmó el presidente Feijoo.

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