El PP cree que existe tráfico de datos en los presupuestos participativos

Apunta la posibilidad de al menos veinte denuncias ante la Agencia de Protección

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santiago / la voz

Los presupuestos participativos le están creando un serio quebradero de cabeza al gobierno municipal. El grupo popular denunció ayer que los dos casos de suplantación de identidad denunciados a la Agencia de Protección de Datos por los afectados pueden ser «decenas». Al menos hay 18 personas que podrían estar en el mismo lugar de los denunciantes, según los populares. Estos denuncian, asimismo, tráfico de datos personales entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de los presupuestos participativos, que puede extenderse a las entidades subcontratadas. El gobierno local sostiene que solo hay un caso de denuncia, y niega que el Concello facilitase ningún dato a la empresa.

Alejandro Sánchez-Brunete, flagelo del grupo de gobierno en este asunto, reclamó ayer la comparecencia de la concejala María Rozas para que aclare todo el proceso de «graves irregularidades» que, denunció, se han producido con los datos personales.

Estos datos, según el PP, le han sido proporcionados a la empresa adjudicataria y corresponden al padrón municipal, pero a ellos se incorporaron otras informaciones relativas a esos ciudadanos (votos, opiniones, etcétera) que, a su vez, han sido tratadas por las firmas subcontratadas.

En relación al ejercicio del 2016, de cara al 2017, una vecina y su marido denunciaron que su identidad había sido suplantada, ya que ambos figuraban como participantes en el proceso de presupuestos participativos del que no tomaron parte. El PP quiere que el gobierno local informe sobre esta denuncia y sobre la investigación abierta por la Agencia de Protección de Datos, ya que supone que se han producido trámites y notificaciones.

Pero debe informar también del alcance real del tratamiento de los datos personales de los vecinos que se hayan podido efectuar al margen de la ley en el proceso de presupuestos participativos. «Puede rondar probablemente la veintena de personas», deduce el PP en base a que en la dirección de las dos personas que hicieron la denuncia se formularon veinte actas.

Contrato complementario

Esas veinte corresponden a las dos denunciantes y a otras 18 personas más. «Pero pueden ser decenas de ciudadanos los que no sepan que fueron dados de alta en el proceso de los presupuestos participativos, pues la empresa reconoció literalmente que cualquiera podía tener acceso a los datos de otros ciudadanos y cualquiera puede dar de alta a otros sin su consentimiento», indica Sánchez Brunete.

Los populares objetan, por otra parte, que se está produciendo un «tráfico ilegal de los datos de los ciudadanos». Cuando existen datos personales es preciso hace un contrato complementario al principal, en el cual figurarán las instrucciones del Concello a la empresa respecto a cómo tratar esa información para garantizar su protección. Brunete dice que en el expediente de contratación al que ha tenido acceso no figura ningún contrato complementario (denuncia que no ha podido acceder al expediente de gestión) y que la adjudicataria no destruyó ni devolvió al Concello los datos al final del 2016.

El gobierno local replica que no facilitó información y que solo hay un caso

 

 

El gobierno local explica que solo hay un caso de denuncia, respecto al cual envió a la Agenda de Protección de Datos toda la información que le solicitó. Cree que el PP saca a colación ahora este asunto para enturbiar el éxito del proceso de los presupuestos participativos, que se van a votar el día 22. Asegura que son las personas registradas en los presupuestos las que autorizan al Concello y a la empresa a utilizar sus datos, y apunta que Brunete pidió el año pasado «nomes, apelidos e datos persoais dos participantes».

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