La jueza López Suevos reabre las declaraciones en la causa abierta para determinar quién pagará 1,3 millones
27 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los próximos meses serán determinantes para el futuro de la Asociación Hostelería Compostela, que se encuentra en la cuerda floja desde hace meses. El detonante de los problemas de la entidad fue una denuncia anónima presentada en la Diputación de A Coruña en relación con dos subvenciones concedidas a la entidad en los años 2011 y 2013, y que supuestamente fueron justificadas con facturas falsas. Este documento anónimo provocó la apertura de una investigación del ente provincial, que obliga a la entidad a devolver las dos ayudas de 142.000 euros y 250.000 euros, que con intereses y multas ascienden a 1,3 millones.
Para intentar cobrar se ordenó el embargo de la sede principal (valorada en 1,2 millones de euros) y de un piso de República Arxentina (con un valor de 400.000 euros). El levantamiento reciente del embargo permitió la venta del piso, lo que dio un pequeño respiro a las finanzas de la Asociación de Hostelería.
Todos los indicios de falsedad documental motivaron que su directiva interpusiera una denuncia contra el anterior gerente, Andrés Condide, por la vía penal. Con esta decisión se quiso evitar la bancarrota de la Asociación y conseguir liberarla de responsabilidad económica. La jueza que instruye el caso, Ana López Suevos, citó como investigados, además del gerente, a los expresidentes José Manuel Otero y Jesús Sordo, así como a los tesoreros Ramón Carril y Manuel Paz, y a los empresarios que facilitaron las facturas que se utilizaron para justificar las ayudas.
La jueza retomará en septiembre las declaraciones a los investigados para completar una instrucción de la que saldrán las personas que serán juzgadas por presentar presuntamente facturas falsas para justificar subvenciones. Si la denuncia desemboca con una sentencia condenatoria para los investigados, estos serán responsables civiles, y por tanto tendrán que responder con su patrimonio al pago de esos 1,3 millones. En ese caso, la Asociación de Hostelería quedaría a salvo.