Noriega lamenta no haber sido informado del desalojo por la Delegación del Gobierno
01 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los disturbios motivados por el desalojo de la casa okupada en la Algalia de Arriba han suscitado muy diferentes reacciones en el seno de la corporación municipal, con dos visiones muy diferentes: la del grupo de gobierno y el BNG, por una parte, y la de socialistas y populares, por otra. La situación creada por la intervención policial, a raíz de una orden judicial de desalojo, generó la celebración ayer de una Xunta de Portavoces en la que se abordó la situación y en la que no se llegó a ningún acuerdo institucional.
El grupo popular propuso un texto de repulsa en el que abogaba por el respeto a las decisiones judiciales, el reconocimiento y apoyo al papel de las fuerzas de seguridad y la defensa de la propiedad privada. A ello, el PSOE agregó la solución del problema de albergue de las iniciativas culturales. No hubo consenso ni votaciones por desacuerdo del alcalde, según él mismo confesó, con la actitud del PP en este asunto. Es decir, no existía un clima favorable a un pronunciamiento institucional.
Otra de las secuelas del desalojo del edificio de la Algalia es la fractura de las relaciones entre la Delegación del Gobierno y el ejecutivo local, al mantener el organismo estatal al margen a las autoridades municipales y no informarles previamente. El alcalde cree que es una desconsideración con el responsable de la capital de Galicia. Martiño Noriega se mostró indignado y le expresó por teléfono su malestar al delegado, Santiago Villanueva, sin obtener una respuesta satisfactoria. El regidor dijo apostar por el diálogo para resolver estas situaciones conflictivas, como en otras ocasiones.
La Delegación del Gobierno señaló, por su parte, que el desalojo se produjo en la «más estricta legalidad» y aclaró que no informó al gobierno municipal porque «los hechos que motivaron dichas actuaciones nada tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad y atención a familias en dificultades, que exigen una coordinación de todas las administraciones para activar los recursos de carácter social». En este caso «no tiene obligación ninguna» de informar porque «no es una acción coordinada».
El alcalde también mostró su malestar porque hubiese voces acusándolo a él casi como instigador de los hechos por criticar la «desproporcionada» intervención policial, cuestionar la desinformación a Raxoi, criticar el tapiado del inmueble y no criminalizar al movimiento cultural, al margen de su defensa de la propiedad privada. Consideró «infamante» esa acusación y recordó que durante el gobierno del grupo popular hubo actividades culturales en el inmueble desalojado.
Tanto el PP como el PSOE pusieron el acento en la actuación del gobierno local al considerar que su posicionamiento venía a conculcar el mandamiento judicial de desalojo de una propiedad privada. Las dos formaciones coincidieron en que no hubo desproporción en la actuación de las fuerzas de seguridad. El BNG, por el contrario, cuestionó la «desmesura» de la actuación policial y destacó la labor cultural de Escarnio y Maldizer.
Feijoo reprueba al alcalde
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reprobó la reacción de Martiño Noriega ante el desalojo de los okupas, al afirmar que «no se puede mover uno en un estado de tibieza permanente». «O se está con las libertades y el estado de derecho o se está en contra», dijo Núñez Feijoo. «Que un policía en Galicia sea agredido por cumplir una sentencia de un juez es impropio de cualquier democracia», añadió, al tiempo que agradeció a los policías que cumplieran «con su deber» y subrayó que «la Xunta está con ellos».
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