El gobierno local afirma que el importe de las sentencias equivale al monto de Educación
SANTIAGO
La oposición argumenta que la toma de decisiones conlleva riesgos para las arcas municipales
01 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El equipo de gobierno expresó en un pleno celebrado ayer sus quejas en relación al importe de 3,5 millones de euros que representan para las arcas locales las sentencias judiciales llegadas en el 2016. María Rozas tachó de «inédito» y «escandaloso» este proceso derivado de gobiernos anteriores. Y para mayor claridad sobre lo que representa la cifra, aclaró que supone el presupuesto del departamento de Educación, el 50 % del capítulo de inversiones y una cuantía superior al presupuesto de entidades como Incolsa o Auditorio.
El nacionalista Rubén Cela explicó que quien tiene que gobernar debe tomar decisiones, que pueden ser susceptibles de interpretaciones contrarias por la Justicia y acarrear consecuencias económicas. No obstante, reconoció que las «cantidades son elevadísimas».
A juicio del socialista Paco Reyes, las sentencias le sirven a Compostela Aberta para justificar la «mala xestión» municipal y los populares señalan que las sentencias negativas las hubo siempre y lo que corresponde es dedicar una partida de imprevistos para esas cuestiones.
El alcalde Martiño Noriega replicó que una cosa es adoptar decisiones y otra hacerlo a sabiendas de que van a originar problemas al Concello, como es el caso del edificio del parque de bomberos, ya que había una certificación de pago que ningún gobierno cumplimentó.
Transporte urbano
El pleno de ayer dio luz verde, con los votos de Compostela Aberta y la abstención de los grupos de la oposición, a un expediente de modificación de crédito para abonar tres sentencias por un importe de 949.000 euros. Es una parte de los 3,5 millones. En otros casos se han ido abonando los montos de las resoluciones judiciales con diferentes tipos de recursos.
Las tres sentencias que se saldarán con la modificación de crédito en el 2017 son la relativa a la liquidación de la UTE Autobuses Urbanos de Lugo y Trapsa, por 135.600 euros; facturas de la asesoría jurídica contratada por Raxoi que quedaron sin pagar, por importe de 112.400 euros; y 693.570 euros por el parque de bomberos. Una parte del millón adeudado ya se abonó. Al saldar el grueso de la cantidad se evita que sigan corriendo los intereses.
El pleno aprobó asimismo una transferencia de crédito al Auditorio por 124.000 euros y una amortización de deuda anticipada por un monto de 1,2 millones. Esta última fue cuestionada por la oposición por constituir un «círculo vicioso» entre Concello y bancos que no resuelve nada. La oposición criticó asimismo la urgencia con que se convocó el pleno, lo que impidió estudiar debidamente los asuntos abordados.