En peor situación económica
«Cuando entramos aquí tuvimos que amueblar todos los pisos, además de pagar el IBI anual (hasta 450 euros) y mensualidades que, con la comunidad, van desde los 250 a los 350 euros», según los ingresos que acredite cada familia, narra Benito González, el vecino que preside el colectivo y que ha cogido el toro del posible desalojo masivo por los cuernos. Unos ingresos que, en la mayoría de los casos, son menores que en el 2006. «Y no es un cálculo hecho así por encima, esto lo saben bien en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), donde todos los años presentamos la renta y el justificante de no tener más propiedades», recuerda este «joven» que ya roza la cuarentena y que espera una respuesta de la Xunta sobre el futuro de la urbanización.
Reunidos en uno de los patios exteriores para debatir sobre la situación en la que están metidos diez años después, los inquilinos son unánimes: el lugar es «una maravilla por la ubicación, estamos encantados», resume una vecina, que considera una aberración sacar de golpe del barrio a tantas familias integradas y con los niños estudiando en la zona. Pero también hay quejas, porque el IGVS no está del todo atento a los desperfectos que han ido surgiendo y que, en muchos casos, han asumido los propios inquilinos.
