El PP recurre el proceso de urbanización de la calle Carretas y denuncia que está plagado de ilegalidades
SANTIAGO
Presentó un recurso de reposición dirigido al equipo de gobierno para que regularice todas las actuaciones
16 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El grupo popular puso ayer el acento en las ilegalidades que considera que se han cometido en la reurbanización de Carretas, una obra que está prácticamente rematada. Son en esencia de tres tipos, según aclaró el portavoz Agustín Hernández: la concesión de sucesivas prórrogas tácitas o verbales sin sustento legal, la ejecución de un modificado sin los trámites preceptivos y la ausencia de los informes obligados de la Comisión Asesora del Casco Histórico.
Ante estas vulneraciones de la normativa vigente, el grupo popular presentó ayer un recurso de reposición dirigido al equipo de gobierno para que restablezca la legalidad en todas las actuaciones y ha decidido solicitar la comparecencia plenaria del edil de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, para que aclare el proceso.
La obra de Carretas, adjudicada a Ponciano Nieto en marzo del 2015, tenía un plazo inicial de cinco meses, pero fue prorrogada hasta en tres ocasiones sin la autorización formal de la Xunta de Goberno, salvo en la primera prórroga que, según refirió Agustín Hernández, se hizo fuera de plazo. No obstante, el día 15 de marzo de este año, fueron aprobadas por el equipo de gobierno las demás prórrogas en un acuerdo que al entender del PP no resuelve las sucesivas ilegalidades del proceso y contra el que ha recurrido.
Pero es que además de las prórrogas, la dirección de la obra solicitó una modificación del proyecto en noviembre para recoger una serie de cambios necesarios para la intervención. Ese trámite tendría que incluir un informe de la Comisión Asesora, puesto que variaba el proyecto inicial, pero no fue requerido y la modificación obtuvo el plácet formal de la Xunta de Goberno en marzo. Entretanto, con el «ti vai facendo» (en expresión de Agustín Hernández) la obra se fue desarrollando sin el modificado, cuando este obliga a una paralización de los trabajos, sin el visto bueno de la Comisión Asesora del Casco Histórico e «incumprindo a Lei de Patrimonio Histórico». El edil calificó de «gravísima» esta actuación.
El resultado del proceso es que se «licitou unha obra e executouse outra distinta». El PP no pide la demolición de lo ejecutado porque considera que mejora la imagen de la calle, pero sí requiere a CA que resuelva las ilegalidades. Destacó además la necesidad de evitar que la actuación pueda sentar un precedente.