La Funga custodia con 18 funcionarios desde Salgueiriños a 3.000 personas de toda Galicia
SANTIAGO
La actividad del organismo de la Xunta se multiplicó por 44 y su plantilla solo se triplicó, por lo que piden su ampliación
30 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Fundación Pública Galega para a Tutela de Adultos (Funga), que depende de la Xunta, custodia con 18 funcionarios, desde su sede de Salgueiriños, a 3.000 personas. Su personal se desplaza para atender sus necesidades, o asistirles en juicios y en otros organismos, lo que supone una gran presión laboral por el incremento de trabajo. La Funga comenzó en 1997 con 68 personas a su cargo, por lo que multiplicó por 44 su actividad. Mientras, su personal inicial, de cinco funcionarios, no se ha ni cuadruplicado, por lo que desde hace tiempo el sindicato CSI-F solicita su ampliación.
La Consellería de Política Social, a la que está adscrito este organismo, admite que se ha producido un importante incremento de expedientes los últimos años y que el propio conselleiro, José Manuel Rey, ha asumido la necesidad de incrementar la plantilla en cuatro nuevas plazas. Serán dos trabajadores sociales y dos administrativos y «se está trabajando para convocar la mesa de negociación», afirman.
Susana Suárez, de CSI-F, explica que esta entidad surgió para «dar respuesta a personas mayores de edad, que han visto modificada su capacidad de obrar por resolución judicial para regir su persona y/o sus bienes, o carecen de familiares que puedan, o quieran, hacerse cargo de ellas». Les ofrece diferentes formas de protección: tutela, curatela o administración de bienes.
«La intervención de la Justicia es la principal causa de que aumente nuestro trabajo, pues cuando ven dudas con personas del colectivo que atendemos remite el caso a la Funga, que funciona con una organización provincial y equipos multidisciplinares. Para A Coruña y Pontevedra, donde más casos se atienden, hay dos abogados, un trabajador social y un administrativo en cada una; Lugo y Ourense tienen un asesor jurídico, un trabajador social y un administrativo. Además, otro funcionario adscrito a la dirección; un abogado que tramita herencias de personas tuteladas y las ventas de sus bienes; una trabajadora social que tramita las pensiones, solicita la dependencia y asiste a personas ingresadas en centros; y un administrativo general que se encarga de las cuestiones ordinarias. Hace casi un año que está vacante la dirección, un puesto muy necesario; y se necesitan al menos seis funcionarios más», dice.
Tutelan a personas a partir de los 18 años. «El mayor problema son quienes tienen entre 18 y 60 años y padecen de trastornos psiquiátricos, pues se carece de centros especializados para atenderles. A partir de los 60 años las residencias ayudan a resolver el problema. Están en instituciones el 53 % del total de personas que atendemos, el resto en su domicilio o similar», sostiene.