La Funga custodia con 18 funcionarios desde Salgueiriños a 3.000 personas de toda Galicia

La actividad del organismo de la Xunta se multiplicó por 44 y su plantilla solo se triplicó, por lo que piden su ampliación

La abogada Susana Suárez afirma que la alta presión laboral causa bajas en el personal de la Funga.
La abogada Susana Suárez afirma que la alta presión laboral causa bajas en el personal de la Funga.

santiago / la voz

La Fundación Pública Galega para a Tutela de Adultos (Funga), que depende de la Xunta, custodia con 18 funcionarios, desde su sede de Salgueiriños, a 3.000 personas. Su personal se desplaza para atender sus necesidades, o asistirles en juicios y en otros organismos, lo que supone una gran presión laboral por el incremento de trabajo. La Funga comenzó en 1997 con 68 personas a su cargo, por lo que multiplicó por 44 su actividad. Mientras, su personal inicial, de cinco funcionarios, no se ha ni cuadruplicado, por lo que desde hace tiempo el sindicato CSI-F solicita su ampliación.

La Consellería de Política Social, a la que está adscrito este organismo, admite que se ha producido un importante incremento de expedientes los últimos años y que el propio conselleiro, José Manuel Rey, ha asumido la necesidad de incrementar la plantilla en cuatro nuevas plazas. Serán dos trabajadores sociales y dos administrativos y «se está trabajando para convocar la mesa de negociación», afirman.

Susana Suárez, de CSI-F, explica que esta entidad surgió para «dar respuesta a personas mayores de edad, que han visto modificada su capacidad de obrar por resolución judicial para regir su persona y/o sus bienes, o carecen de familiares que puedan, o quieran, hacerse cargo de ellas». Les ofrece diferentes formas de protección: tutela, curatela o administración de bienes.

«La intervención de la Justicia es la principal causa de que aumente nuestro trabajo, pues cuando ven dudas con personas del colectivo que atendemos remite el caso a la Funga, que funciona con una organización provincial y equipos multidisciplinares. Para A Coruña y Pontevedra, donde más casos se atienden, hay dos abogados, un trabajador social y un administrativo en cada una; Lugo y Ourense tienen un asesor jurídico, un trabajador social y un administrativo. Además, otro funcionario adscrito a la dirección; un abogado que tramita herencias de personas tuteladas y las ventas de sus bienes; una trabajadora social que tramita las pensiones, solicita la dependencia y asiste a personas ingresadas en centros; y un administrativo general que se encarga de las cuestiones ordinarias. Hace casi un año que está vacante la dirección, un puesto muy necesario; y se necesitan al menos seis funcionarios más», dice.

Tutelan a personas a partir de los 18 años. «El mayor problema son quienes tienen entre 18 y 60 años y padecen de trastornos psiquiátricos, pues se carece de centros especializados para atenderles. A partir de los 60 años las residencias ayudan a resolver el problema. Están en instituciones el 53 % del total de personas que atendemos, el resto en su domicilio o similar», sostiene.

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