El fiscal pide 12 años de cárcel al presidente de Mahía por desviar el negocio a otras firmas

El socio denunciante también le reclama a Ramón López Casal una indemnización que ronda los tres millones


santiago / la voz

El que fue administrador único de Mahía Inmobiliaria SL, Ramón López Casal, tendrá que volverse a sentar en el banquillo de los acusados. Ya fue condenado a tres años de cárcel y al pago de 132.000 euros por un delito de prevaricación en calidad de inductor y otro de cohecho por sobornar al que era alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para que favoreciese la expansión del grupo empresarial compostelano en la zona. Ahora tendrá que hacerlo acusado por el que fue su socio, Manuel Gómez Maroñas, de haber vaciado la firma para trasladar el negocio a otras compañías que creó y en las que ya no figuraba el perjudicado.

Por estos hechos, el fiscal ha formulado acusación contra Ramón López, dos de sus hijos y parte del equipo directivo de sus empresas. A todos los considera responsables, en distinto grado, de un delito continuado de administración desleal, otro delito continuado de apropiación indebida y de delitos societarios, también continuados. Al presidente de Mahía la acusación pública le pide un total de 12 años de cárcel, una multa de 26.535 euros y una indemnización que podría rondar los tres millones de euros, aunque la cifra final dependerá de lo que se fije tras la vista oral.

Los otros cinco acusados son Marcos y Pablo López Fernández, hijos del presidente de Mahía, y tres de sus directivos: María Alicia Rodríguez Piñeiro, Ignacio Rodríguez Peláez y Pilar Encarnación Branco Illodo. A todos ellos el fiscal les reclama nueve años y nueve meses de cárcel, así como multas de 21.045 euros a cada uno. También tendrían que hacer frente a la indemnización de forma solidaria junto con el presidente de Mahía.

El denunciante asegura que para él fue «una decisión muy difícil el presentar en su día la querella» porque Ramón López entró en Mahía gracias a él. «He sufrido muchísimo durante estos diez años de instrucción», añade. Su abogado, Ulises Bertolo, destaca la gran complejidad que ha tenido el caso y «la falta de colaboración de los investigados a la hora de aportar información requerida por el juzgado, incluso aportando contabilidades que por los peritos judiciales se han tildado de falsas». El juicio, debido a la gravedad de las penas requeridas, se celebrará en la sección compostelana de la Audiencia Provincial.

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