Raxoi carece todavía del censo de empresas con vertidos de aguas, para las que se fijará una tasa

El Ayuntamiento habrá de elaborar un censo de las empresas que realizan vertidos a la red de saneamiento para conocer cuántas son y qué tipo de vertidos aportan en función de sus actividades. Debería disponer de él desde hace algo más de un año, cuando venció el plazo para adaptar su propio reglamento sobre saneamiento a la ley autonómica que declaró de interés de la comunidad autónoma el servicio de depuración de aguas residuales urbanas, que fija la competencia municipal en la prestación del servicio y el control de los vertidos a esas redes. Pero ni el gobierno de Ángel Currás ni el de Agustín Hernández atendieron los requerimientos de Augas de Galicia para que Compostela procediese a la actualización del reglamento, según el edil de Medio Ambiente, Xan Duro, lo que en el caso del último alcalde del PP evidencia «unha falta de xestión abraiante, por ser suaves», dadas las responsabilidades que Hernández había tenido con anterioridad como presidente de Augas de Galicia y como conselleiro de Medio Ambiente, dice.

Vencido el plazo para esa adaptación, Santiago funciona con el reglamento marco aplicable en esos casos, aunque ese texto genérico no incluye el censo de empresas que requiere la normativa para conocer cuántas son las conexiones de vertidos no domésticos y su entidad. Esa es una cuestión que habrá de determinar el desarrollo del propio reglamento municipal, cuya adaptación iniciará de inmediato el gobierno local con la previsión de concluirlo en cuatro meses, aunque la elaboración de ese censo para proceder a la «legalización das verteduras» precisará a mayores «un ano amplio».

Según Xan Duro, ese tipo de vertidos precisan una licencia específica, con lo que «dende hai un ano estase facendo sen autorización». Hasta ahora se daba por hecho que una vez concedida la licencia de actividad «tacitamente se entendía que tiñan a licenza de verquido», pero desde el 2014 ya no es así, dice Duro, quien adelanta que la concesión de esos permisos conllevará el establecimiento de una tasa municipal. El responsable de Medio Ambiente indica que ahora mismo solo tres empresas tienen ese permiso específico, lo que supone «un descoñecemento absoluto das verteduras que se realizan na nosa cidade», lo que considera especialmente grave teniendo en cuenta que la actual depuradora de Silvouta no tiene capacidad para tratar toda el agua que recibe y que se está programando una nueva sin saber con exactitud qué volumen de agua genera la ciudad para su tratamiento.

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