En el pleno de mañana los grupos políticos de Santiago rubricarán una de esas excepciones que debieran serlo menos por el bien de los intereses de la ciudad: una declaración institucional llamará la atención del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia sobre la urgente necesidad de crear en la capital un nuevo juzgado de lo Social. No tardó nada el decano de los abogados, Evaristo Nogueira, en conseguir que los partidos del gobierno y la oposición en el Concello aparcaran sus pugnas -consumadas con dureza en las semanas precedentes en torno a las ordenanzas fiscales- para unir fuerzas a favor de una reivindicación que no admite ninguna duda, aunque sí una reflexión: ¿Por qué el olvido de las necesidades de la capital en las prioridades judiciales?
Santiago, al igual otras ciudades que no son capitales de provincia, han sufrido históricamente la rémora de una demarcación judicial basada en la estructura territorial provincial, que la reforma de Ruiz Gallardón pretendía consagrar mediante los controvertidos tribunales de instancia. Ni Montero Ríos habría defendido hoy una organización judicial que supedita a una estructura provincial las necesidades de determinadas áreas jurisdiccionales, caso de la compostelana. En el ámbito de lo Social, el colapso total de las tres salas actuales de Santiago atenta contra los derechos de los ciudadanos de prácticamente la mitad sur de la provincia coruñesa, que sufren retrasos inadmisibles, entre dos y tres años para el señalamiento de juicios, en asuntos de tan alta sensibilidad como los conflictos en las relaciones laborales o en las reclamaciones a la Seguridad Social.
Aunque son de los más eficientes de Galicia en la resolución de sus casos, la brutal carga de trabajo que reciben, más de 1.100 asuntos de media al año, provoca esa situación de colapso permanente. Pero el Consejo del Poder Judicial no tiene en cuenta sus propios criterios objetivos para la creación de nuevos juzgados y centra sus prioridades en A Coruña y Vigo, mientras otras ciudades con mucha menor presión, como Pontevedra y Ourense, disponen de una sala más que Santiago. Y no solo en la jurisdicción social, la capital demanda un juzgado de Familia y es imprescindible otro de lo Contencioso-Administrativo, fruto de la litigiosidad que genera su condición capitalina. Pero no se tiene en cuenta, una vez más.
Consensos como el suscitado, sin fisuras, en demanda del cuarto juzgado de lo Social, serán atendidos o no -hay que confiar en que este, por justicia, lo sea-, pero es lo que los ciudadanos esperan de sus gobernantes.