El Concello y sus empresarios de cabecera


Hay motivos sobrados para la inquietud en Compostela en torno a la investigación judicial con epicentro en el grupo Monbus de Raúl López. No es para menos, porque en los últimos diez años el empresario sarriano, al tiempo que expandía sus negocios por las carreteras españolas y europeas, puso una pica en la capital de Galicia como nunca antes lo había hecho ningún otro. Con la tarjeta de presentación de propietario de la histórica Castromil y la presidencia del club de baloncesto Obradoiro, Raúl López empezó a acaparar concesiones de servicios públicos municipales a partir de su alianza con la sociedad Trapsa de Gerardo Díaz Ferrán, con la que obtuvo a finales del 2005 el suculento contrato del transporte público, hasta entonces -desde la época predemocrática del alcalde López Carballo- gestionado en exclusiva por la empresa a partir de la cual el expresidente de la CEOE, hoy en prisión, construyó un imperio de transporte terrestre, aéreo y turismo.

Más tarde, López se haría con el Pabellón Multiusos de Sar, el complejo deportivo de Santa Isabel, el recinto ferial de Amio y el Palacio de Congresos, servicios todos ellos en los que también Trapsa tuvo intereses. Y lo hizo mediante adjudicación del Concello y el Consorcio o a través de la adquisición a otras sociedades concesionarias, como sucedió en los complejos deportivos o con el propio servicio de transporte urbano, cuando Raúl López compró la parte de Trapsa en Tralusa. Esto fue a mediados del 2010, coincidiendo con la quiebra del imperio de Ferrán y su socio fallecido Gonzalo Pascual,

La voracidad de Raúl López para hacerse con todas las porciones posibles de la tarta de los servicios públicos de Santiago tuvo un aliado, igual que durante años antes lo habían tenido Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual: el Concello puso una alfombra roja a sus pies. Por no encontrar en la ciudad un músculo empresarial de su gusto o con el poderío suficiente, los sucesivos gobiernos socialistas y bipartitos -también el PP con el Palacio de Congresos- fueron poniendo todos los huevos en la misma cesta: primero la de Díaz Ferrán (Trapsa valía igual para un roto que para un descosido, para potenciar Lavacolla con Spanair y Aerolíneas Argentinas, para gestionar la feria de Amio o promover el tanatorio de Boisaca) y luego su sucesor en Santiago: Raúl López.

La venta de buena parte del negocio del transporte por carretera a Monbus fue denunciada por los acreedores de Díaz Ferrán como parte del fraudulento vaciado patrimonial del grupo Marsans, pero la Audiencia Nacional no vio responsabilidad penal del empresario lucense y ahora solo queda abierta la vía civil. Y abierto sigue el caso Pokémon, en el que Pilar de Lara investigó el amaño de la adjudicación del suministro de tres buses a una empresa de López, que hasta el momento se había librado.

Por las escuchas telefónicas y por la numerosa documentación que acumula en su juzgado -parte de ella pudo llegar en la mochila viajera de Gerardo Conde Roa-, la jueza enfiló ahora a Raúl López. Aun sin conocerse el alcance de sus posibles responsabilidades, su detención está afectando ya, muy seriamente, a Compostela: prolonga los tres años en los que el nombre de la ciudad no ha salido de los juzgados; cubre de incertidumbre el futuro de la gestión de tantos servicios públicos concesionados; y quién sabe si, a la larga, puede dejar en manos de la ciudad la pelota, hoy tan exitosa, del Obradoiro CAB.

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