Fiscalía y acusación mantienen las penas para el ladrón del Códice de 15 y 31 años de prisión 

El abogado de la Catedral cree que el «abuso de confianza» demostrado por el exelectricista es un «plus de culpabilidad». Pide que «no se enjuicie al Cabildo, a la víctima», por las escasas medidas de seguridad


Santiago

Tras once intensas jornadas, el juicio por el robo del Códice Calixtino ha quedado visto para sentencia. En la última vista, el fiscal y la acusación particular, que representa a la Catedral de Santiago, han mantenido la máxima pena solicitada para Manuel Fernández Castiñeiras. El fiscal Antonio Roma reclama para el exelectricista 15 años de cárcel mientras que la Iglesia la mantiene en 31. Para la mujer del electricista, Remedios Nieto, y para el hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de receptación.  La Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, demanda que el acusado indemnice a la Catedral compostelana con 2,4 millones de euros, una cantidad que Antonio Roma ha elevado sensiblemente en sus conclusiones con respecto a la solicitud inicial a tenor de las pruebas practicadas en juicio. La acusación ha modificado también la cantidad que reclama a Fernández Castiñeiras y la ha adaptado al informe pericial realizado desde la Catedral. Ha rebajado la cantidad inicialmente reclamada hasta los 2.454.000 euros.

En su discurso de conclusiones, el fiscal del proceso, Antonio Roma, ha considerado probado que Fernández Castiñeiras cometió los delitos de robo con fuerza por la sustracción del manuscrito y de otros objetos y dinero de la basílica, así como otro contra la intimidad y otro de blanqueo de capitales. Por ello, ha insistido en pedir 15 años de prisión, dejando claro que solicita la «mayor pena para el delito más importante», al tener el objeto robado «un valor incalculable». 

Para la mujer del electricista, Remedios Nieto, y para el hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión. Antonio Roma ha asegurado que «cree» su versión y que los discursos de ambos le parecen coherentes, alegando que tenían «miedo» de Castiñeiras y que desconocían sus actividades ilícitas. Roma puntualiza, de todas formas, que conocían que no había «ingresos aparentes» mientras participaban en la compra en metálico de una vivienda. 

Antonio Roma, que se ha mostrado duro con el acusado, lo ha descrito como un «hombre que disfruta en la intimidad contando dinero». Ha criticado la «sensación de impunidad» que demostraba en sus incursiones en la Catedral.  

Para la acusación hubo un «abuso de confianza»

El abogado de la acusación, José Antonio Montero, ha mantenido, también, las penas que reclama para los acusados. Durante su intervención ha insistido en que el «abuso de confianza» demostrado por el exelectricista es un «plus de culpabilidad», dado que provocó que su presencia no levantase sospechas. La acusación mantiene que los delitos han sido «continuados» y considera «acreditado» que fueron cometidos por el acusado, que empleó para ello «llaves falsas» (conseguidas de forma ilícita). Sobre el Códice, como informa Europa Press, descarta que su robo se produjese por un «descuido» y cree que se hizo con «ánimo de vengarse» del exdeán José María Díaz.

 La acusación particular ha pedido que «no se enjuicie al Cabildo» por no proteger correctamente sus bienes ni por no denunciar la falta de dinero en las cuentas ya que, defiende Montero, la Catedral es la víctima. El letrado ha aclarado que el Cabildo perdona moralmente a Castiñeiras pero no de forma jurídica, porque el «perdón jurídico exigiría un arrepentimiento», algo que cree que no se ha demostrado. El abogado ha asegurado que la Catedral estaría dispuesta a llegar a una sentencia de conformidad en caso de que este se hubiera producido. 

Sobre la mujer e hijo, la acusación mantiene la petición de penas, ya que cree que, a pesar de lo declarado, ellos debían sospechar del origen del dinero con el que pagaron la vivienda dado que «Manuel no trabajaba».

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