La defensa del acusado de robar el Códice vuelve a pedir la nulidad de todas las pruebas

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO

SANTIAGO

Pide la absolución y siembra dudas sobre la actuación del administrador de la catedral y de la policía

05 feb 2015 . Actualizado a las 17:46 h.

"Quedan muchas sombras que nunca esclareceremos". Con esa frase podría resumirse la hora y cuarto que ha invertido la abogada defensora del presunto ladrón del Códice Calixtino en comunicar al tribunal sus conclusiones sobre el juicio que acaba de terminar en la sección compostelana de la Audiencia Provincial tras once largas jornadas. La letrada, Carmen Ventoso, ha vuelto a solicitar a la sala la nulidad de todas las actuaciones porque considera que todo el procedimiento deriva de una prueba que ya se ha declarado nula: la colocación de micrófonos en la casa de O Milladoiro (Ames) en la que vivían el principal acusado, Manuel Fernández Castiñeiras, y su esposa, Manuel Remedios Nieto.

Sostiene la defensa que tras la conversación del 10 de junio del 2012, que ella misma pidió que sí se reprodujera pese a estar anulada porque estima favorece a sus patrocinados, no hubo ninguna diligencia policial que conste en autos y que fue esa discusión familiar la que motivó un mes después la detención del exelectricista de la catedral y de su familia y las entradas y registros en sus propiedades. En la disputa verbal el padre reprocha a su familia que hayan tocado "en sus cosas" en la habitación que utilizaba a modo de despacho. Ellos le aseguran que no han entrado en la estancia y el hijo se le encara diciéndole que no sabía lo que escondía, pero que por su reacción era evidente que algo.

Además de volver a arremeter contra el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, la letrada también acusó de mentir a jefe policial que dirigió la investigación, Antonio Tenorio, ya que el agente señaló que de aquellas escuchas no se había obtenido nada reseñable para las pesquisas. "¿Nada?", se preguntó Ventoso, que incidió en que tras decir su hijo a Castiñeiras que escondía algo en casa se produjo (un mes después) la detención y los registros.

De esta prueba anulada considera la abogada que derivan todas las demás pruebas, comprometedoras y abundantes. Tanto la propia aparición del Códice en un garaje de Castiñeiras como la del dinero en sus cuatro viviendas, 1,7 millones de euros, y el millar de documentos de la catedral y de canónigos que tenía guardados en casa. También los vídeos en los que se ve al exelectricista robando dinero en la caja fuerte del despacho de la administración. Unas grabaciones que la defensa estima doblemente nulas, porque no había secretario judicial ni abogado del acusado en el momento en el que el disco duro se entregó a la policía, por lo que asegura que la prueba puede haberse manipulado al haberse "roto la cadena de custodia".

También considera que debe anularse la confesión de Castiñeiras ante la policía y ante el juez instructor porque insiste en que se le hicieron preguntas "capciosas" y que estaba sometido a "inducción e intimidación". Cree la defensa que tampoco puede probarse que hubiese robos de dinero porque no se sabe qué cantidades se llevó. "Podrían haber sido menos de 400 euros y tratarse de un hurto prescrito", explicó la letrada, que además sembró dudas sobre la persona del exadministrador de la catedral, Manuel Iglesias. "Era la única persona que metía el dinero en la caja fuerte y el que decía qué cantidad había y su comportamiento ha sido extraño no haciendo los arqueos que le recomendaban hacer y no visionando en todo un año las grabaciones de la cámara que al final instaló. No tiene ni pies ni cabeza", concluyó.

Por todo ello, la abogada defensora ha pedido una sentencia absolutoria para Manuel Fernández Castiñeiras, para el que el fiscal sigue solicitando 15 años de cárcel y 300.000 euros de multa por cuatro delitos diferentes. También solicita la absolución para la mujer del exelectricista de la catedral, Manuela Remedios Nieto, y para su hijo, Jesús Fernández NIeto, de los que dijo que era "surrealista" que el ministerio público les solicitara un año y medio de cárcel y 300.000 euros de multa por blanqueo de capitales.