Nueve ediles de PP e InTeo del 2007 declaran el día 31 como imputados

El grupo de gobierno amplió el contrato del agua sin un concurso previo

La ampliación del contrato se firmó en recta final del mandato de Blanco y Parajó.
La ampliación del contrato se firmó en recta final del mandato de Blanco y Parajó.

santiago / la voz

El último grupo de gobierno del Partido Popular de Teo, integrado por Armando Blanco como alcalde y los ediles Manuel Mata, Ramón Cea, Manuel Cajaraville, Juan Bautista, Antonio Castro Agudín, Manuel Cao y José Vázquez Pallas, está citado a declarar el día 31 por las diligencias previas abiertas por el juzgado número 1 de Santiago, que investiga una presunta prevaricación administrativa que se remonta a abril del año 2007 cuando el grupo popular aprobó la ampliación del contrato del agua a Aquagest sin que mediase un concurso público previo.

En la misma situación que los ocho miembros de aquel ejecutivo popular se encuentra Manuel Parajó Liñares, que fue socio de gobierno del Partido Popular bajo las siglas InTeo (Independentes de Teo). Este concejal y el popular José Vázquez Pallas son los únicos imputados que hoy continúan en la corporación teense. Ambos y sus ex compañeros de corporación y gobierno deberán declarar a partir de las 8.30 horas en el juzgado número 1 de Santiago.

La investigación judicial de este caso arrancó a instancias de la Fiscalía, que el pasado 28 de febrero recibía del Concello de Teo documentación relativa a la polémica ampliación de este contrato del agua. Esta decisión de los ahora imputados contó en el mismo 2007 con informes negativos de los servicios de Intervención y Secretaría del Concello de Teo, aunque en el expediente del acuerdo también constan dos informes jurídicos externos que avalan la ampliación del contrato.

El grupo de gobierno surgido de las elecciones de mayo del 2007, presidido por el actual alcalde, Martiño Noriega, propuso en agosto de ese mismo año la revisión del contrato, demanda que no prosperó por el voto en contra de PP e In Teo y la abstención del PSOE.

La legalidad de esta decisión volvió a estudiarse de nuevo cuando Aquagest solicitó, ya en mayo del 2013, cambios en el contrato que implicarían una subida de tarifas. El Concello desempolvó el expediente por considerar que se abría la posibilidad de revisar la polémica ampliación del contrato del agua y en diciembre de ese año ratificó mediante otro acuerdo plenario la revisión de oficio del mismo.

Consello Consultivo

De nuevo con los informes negativos de los departamentos de Secretaría e Intervención sobre la mesa, la corporación actual aprobó el 27 de febrero de este año la nulidad del contrato. El expediente se remitió al Consello Consultivo de Galicia para que emitiese un informe vinculante, y el pasado 16 de junio este órgano informó favorablemente a la propuesta de nulidad.

El servicio jurídico del Concello argumenta que el acuerdo del 2007 fue manifiestamente ilegal porque la ampliación del contrato se hizo sin ningún concurso público previo y con informes jurídicos y técnicos en contra. Además, uno de ellos percibe posibles responsabilidades penales. Por su parte, los concejales partícipes de aquella decisión aluden a los informes técnicos incluidos en el expediente que sí avalaban la posibilidad de ampliación del contrato del agua.

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