Corresponde al suelo 37.3 de Costa Vella, cuya tramitación se abandonó
17 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena al Ayuntamiento compostelano a abonarle a una persona afectada por la reparcelación del suelo industrial 37.3 (sunp 37.3) de Costa Vella el monto de 112.000 euros, más los intereses de demora. La cantidad adeudada por Raxoi desde el 2010 concierne al pago de la liquidación por dicho proyecto de reparcelación. La demandante había reclamado el abono de esa cantidad en primera instancia, pero la sentencia le fue desfavorable. Ahora el TSXG le da la razón.
El litigio está vinculado al desarrollo del citado suelo industrial, que en su momento gestionó la sociedad municipal Emuvissa. Esta empresa de vivienda y suelo fue eliminada por el gobierno local presidido por Gerardo Conde Roa, y las tramitaciones en marcha quedaron abandonadas, así como los pagos de las indemnizaciones resultantes de las cuotas de urbanización de algún polígono como el de Costa Vella.
No obstante, Laura T.V., una de las afectadas, no se quedó quieta con la primera sentencia favorable al Concello y, aunque el Tribunal Superior de Xustiza no tuvo en cuenta los aspectos formales alegados por la recurrente, sí entendió que el fondo del asunto le daba la razón a Laura.
El hecho es que el Ayuntamiento de Santiago adujo que no podía hacer efectivo el pago de la primera cuota de urbanización porque no era firme el proyecto de reparcelación del suelo debido a la presentación de una serie de recursos por parte de varios propietarios del ámbito. En ese sentido, Raxoi expuso que el dinero adeudado se abonaría cuando dispusiese de saldo en la cuenta de liquidación de cuotas por los ingresos del resto de los propietarios.
No obstante, el Tribunal Superior explica que junto a los recursos de reposición contra la aprobación de la reparcelación y contra las cuotas de urbanización, hay un contencioso-administrativo que deniega cualquier medida cautelar contra la aprobación de la reparcelación. ¿Qué significa eso? Pues que si se deniega la cautelar, las liquidaciones de urbanización siguen adelante y hay que pagarlas. Laura recibirá, aparte de 112.000 euros, unos intereses que suman un 10 % más.