Paco Reyes pone en duda su legalidad y Cela habla de «esperpento»
19 jun 2014 . Actualizado a las 16:10 h.La corporación municipal certificó ayer las bajas de ocho de los integrantes del gobierno local, si bien las de los siete ediles inhabilitados ya eran firmes prácticamente desde que se emitió el fallo que los condenó. De hecho, ayer ni estaban convocados para la sesión plenaria en la que se dio cuenta de sus bajas. Sí lo estaba Rebeca Domínguez, quien anunciaba su marcha voluntaria el mismo día en que se conocía la condena y dimisión de los siete condenados. Pero la hasta hace dos semanas responsable de Xuventude ya no asistió a un pleno preceptivo para que la Junta Electoral Central acredite a quienes han de ocupar sus vacantes.
No hubo más intervención que la del alcalde, y expresamente para abrir la sesión, dar lectura a los puntos del orden del día y cerrarla. No había nada que deliberar, solo dar cuenta de las circunstancias. Y a eso se limitó el todavía regidor, Ángel Currás, quien de nuevo evitó a la prensa al término del pleno. No fue el caso de los portavoces de la oposición, Francisco Reyes y Rubén Cela, quienes no solo valoraron las circunstancias que llevaron a que el pleno de ayer acabase convirtiéndose en la imagen que resumía «o que foron os tres últimos anos de inacción e malas prácticas do goberno do PP», en palabras de Cela, sino que cuestionaron la legitimidad del gobierno que en torno a un par de semanas encabezará Agustín Hernández.
Porque será un ejecutivo mayoritariamente de no electos. Y no es una cuestión menor ni para Reyes ni para Cela. El primero sostiene que esa circunstancia abre serias dudas sobre su constitucionalidad, una circunstancia que están estudiando en base a las sentencias contrarias a que los no electos puedan incorporarse a las juntas de gobierno. Y si ese es el caso, los socialistas se plantean si pueden hacerlo al pleno. «Hernández elixe a dedo a quen logo o vai votar como alcalde» y eso, para Reyes, «abre serias cuestións de constitucionalidade do que vai acontecer no Concello».
«Esa decisión poderá ser legal», dice Cela, aunque «eu non o teño claro». Pero en cualquier caso, afirma el nacionalista, «é unha fraude democrática» y «reprobable en termos éticos e políticos». Porque frente a la convocatoria de unas elecciones, ahora imposibles, que hubiesen decidido un gobierno «forte e lexitimado», al margen de cuál fuese su color, «agora temos un esperpento e un insulto á democracia e á vontade cidadá representadas nas urnas».
Pero no solo puertas adentro de Raxoi se cuestiona al futuro gobierno. Varias formaciones políticas y colectivos, entre ellos el denominado Santiago de Corruptela, protestaban antes del pleno por la situación de la ciudad y convocaban una asamblea abierta el día 25 en el Toural para promover una manifestación «contra a investidura ilexítima de Agustín Hernández».