El juez Luis Aláez había dado dos días a Adif para entregar la documentación que se resistía a revelar
01 abr 2014 . Actualizado a las 18:28 h.El gestor ferroviario Adif ha entregado al juzgado de instrucción número 3 de Santiago, que instruye la causa abierta por el accidente de tren del 24 de julio de 2013, la documentación demandada por el magistrado titular, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. El juez Luis Aláez había desestimado un recurso de la Abogacía del Estado y había dado dos días de plazo a Adif para que depositase la totalidad de los datos solicitados.
Tras esta petición, no hay, como estipuló Aláez en el auto correspondiente, otro motivo más que el de «descubrir las circunstancias y causas» del descarrilamiento ocurrido a la altura del barrio compostelano de Angrois. Por ello, la solicitud de más datos a raíz de una petición de la defensa del maquinista no constituye en modo alguno, tal y como consta en esta providencia, «una inquisición general de la actividad de Adif para encontrar hechos delictivos indeterminados y a sus responsables».
En cambio, si se parte, según consta en el auto divulgado también por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, de la «censura» y de una «visión restringida» como la que se sostiene desde Adif, que defiende que la tragedia «ha de vincularse exclusivamente a una inadecuada conducción» del único imputado, Francisco José Garzón Amo, «sobraría», entiende el juez, «toda actividad investigadora orientada a la búsqueda de otras posibles causas».
No obstante, recuerda Aláez que no es este el enfoque que se ha dado a la instrucción y por ello demandó los documentos que contienen normas de circulación ferroviaria con destinatarios particulares no publicados en boletines o diarios oficiales y actas del comité de dirección desde el 2010 hasta el 2012.
«No puede negarse la relevancia que para la causa tiene estar al tanto» de si se han tratado algunos asuntos y cuál ha sido su derivación, «por razones de sobra conocidas», expone en este auto, en alusión a una comunicación del jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, en la que habría alertado de la peligrosidad del tramo donde se produjo el siniestro y de la ausencia de suficientes medidas de seguridad.
El juez instructor Luis Aláez ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que relevó a otro compañero en Ourense y perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo.
El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.
El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.