El PP mantiene a los ediles de Santiago que serán juzgados por prevaricación

La Fiscalía ha pedido nueve años de inhabilitación para ellos. El procesamiento de más de la mitad de su grupo municipal pone contra las cuerdas al gobierno de Ángel Currás en la capital de Galicia. Los ediles solo evitarán el banquillo si prospera su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña

Juan de la Fuente, María Castelao, María Pardo, Luis García Bello, Amelia González, Francisco Javier Noya y Cecilia Sierra
Juan de la Fuente, María Castelao, María Pardo, Luis García Bello, Amelia González, Francisco Javier Noya y Cecilia Sierra

Santiago

La fiscala no agotó el plazo para formular el viernes su escrito de acusación y la jueza no ha dejado pasar ni un solo día para firmar ayer el auto decretando la apertura de juicio contra los siete concejales del PP de Santiago que, en junta de gobierno, acordaron que el Concello pagase con dinero público el abogado a su compañero Adrián Varela, edil de Deportes imputado por delitos de corrupción en la operación Pokémon.

La decisión de la magistrada, aunque esperada, volvió a agitar el avispero en el que se ha convertido el multiimputado gobierno local compostelano presidido por Ángel Currás, acosado por cuatro causas judiciales diferentes, incapaz de gestionar el día a día de la ciudad y presa de una absoluta división interna.

El proceso para que los siete ediles se tengan que sentar en el banquillo acusados de prevaricación ya se ha completado. Al PP solo le queda una carta que jugar, que es el recurso que han presentado los afectados ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial contra el auto de imputación de la jueza Ana López Suevos.

Si los magistrados lo aceptan, no habría juicio por el momento, pero si no es así significaría que ya nada podrá impedir que los siete concejales tuviesen que ser juzgados por prevaricación.

El juicio se celebraría en una de las dos salas de lo penal que hay en Santiago. Los siete concejales que tendrían que sentarse en el banquillo son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello.

Tanto primero la jueza, como después ratificó la fiscala, los siete ediles habrían cometido un delito de prevaricación al aprobar en la junta de gobierno del 30 de mayo del 2013 que el Ayuntamiento pagase la defensa legal a su compañero del PP en la corporación Adrián Varela. Lo hicieron pese a que el informe del secretario decía que solo sería legal si se cumplían «los requisitos fijados por la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de febrero del 2002».

Esos requisitos son que el político o funcionario hubiese sido imputado en el ejercicio de sus funciones públicas y que ya hubiese sido absuelto o archivada la causa contra él. Ninguno de los dos se cumplía, ya que Adrián Varela está inmerso en la operación Pokémon por delitos de presunta corrupción y porque cuando se tomó el acuerdo de pagarle el abogado con dinero público aún no había declarado, el caso estaba bajo secreto de sumario y la investigación abierta. De hecho, actualmente sigue imputado. El escándalo que supuso el acuerdo hizo que Varela renunciase a que el Concello corriese con los gastos de su abogado, pero una denuncia ciudadana provocó que la Fiscalía tomase cartas en el asunto y denunciase a los concejales de la junta de gobierno.

¿Y qué va a hacer Feijoo en este nuevo escenario? De momento, nada. La dirección del Partido Popular de Galicia, por ahora, ni siquiera planea mover un papel, esgrimiendo como argumento para su inacción que las medidas «oportunas» las adoptará cuando la Audiencia resuelva las alegaciones formuladas por los siete ediles contra la decisión de López Suevos. «Vamos a esperar a ese recurso porque, a nuestro entender, tiene fundamento para prosperar», aducen fuentes oficiales. «De todas formas -sentencian- esto no es corrupción, aquí no estamos hablando de nada de eso».

La cúpula del PPdeG apela también a los estatutos de la formación, aprobados el 20 de enero del 2013, para justificar su postura. En su artículo 39.2, dicho documento prescribe incoar expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, lo que ya ha hecho, y transformarlo en disciplinario «en el momento en que se produzca el señalamiento del juicio oral», lo cual aún no se ha producido. «La resolución de dicho expediente disciplinario -continúa el texto- tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial». Es decir, que Feijoo podría incluso aguardar hasta una hipotética condena para, en su caso, expulsar del partido a los siete señalados.

El miércoles en el Parlamento, el presidente de la Xunta se había comprometido a forzar la dimisión de cualquier cargo sospechoso de corrupción «cada vez que haxa unha medida cautelar, [...] antes incluso de ser acusado e antes incluso de que se abra xuízo oral».

Conoce nuestra newsletter con toda la actualidad de Santiago

Hemos creado para ti una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que las recibas en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
107 votos

El PP mantiene a los ediles de Santiago que serán juzgados por prevaricación