Un amiense denuncia la larga espera para cobrar su despido del fondo salarial

Su caso no es diferente al de otras muchas personas que a lo largo del 2014 irán agotando la prestación por desempleo sin haber conseguido un nuevo trabajo. Ángel Buela era el abogado del Grupo Cometal -afincado en Lalín y dedicado a las estructuras metálicas- con la carrera asentada y la previsión de un futuro tranquilo. Sin embargo, la crisis se encargó de dinamitar su vida y la de su familia. Fue despedido hace 18 meses y poco después la empresa entró en concurso de acreedores. «Ya acabé el paro y, precisamente hoy (por ayer) acudí a solicitar la ayuda familiar con mi hija», dice Buela.

Su situación económica entrará a partir de ahora «en una fase muy complicada». Con los 400 euros de la ayuda familiar que «espero cobrar» y los pequeños ingresos del trabajo de su mujer «rondaremos los mil euros», lo que les obligará a renegociar la hipoteca de su hogar en Milladoiro (Ames). Una negociación que «supondrá incrementar los intereses». Lo que más le preocupa es el bienestar de sus dos hijos: «A nadie parece importarle que mis hijos no coman, que me corten la luz o me quiten la casa», lamenta.

Buela se queja porque su delicada situación económica podría aliviarse si el Fogasa y Tragsa resolviera los expedientes que le permitirían cobrar la deuda por vacaciones, una mensualidad y «la indemnización por despido, unos 9.000 euros». Esta última cantidad fue reclamada en enero del 2013, por lo que su expediente fue derivado del Fogasa a Tragsa (se le entregaron los casos de enero a septiembre del 2013), con el fin de agilizar los expedientes. «Lo peor es que no hay un teléfono al que llamar para preguntar», por lo que «no sabes cómo van las cosas», se lamenta. «Puede haber más retraso. Mientras tanto ¿cómo comen mis hijos?». Buela sabe que «se cobrará ahora o dentro de diez años, pero cuando sea les demandaré por responsabilidad patrimonial».

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