Una vecina logra en los juzgados que se revise la accesibilidad al bus urbano

Anxela López lucha a diario contra las barreras para las personas con diversidad funcional

Anxela, en la parada de Fontiñas, en la que tiene que esperar muchas veces a que pasen tres autobuses para poder subir.
Anxela, en la parada de Fontiñas, en la que tiene que esperar muchas veces a que pasen tres autobuses para poder subir.

Santiago / La Voz

A Anxela López Leiceaga su parálisis cerebral no le ha impedido estudiar en colegios e institutos públicos, ir a la universidad, trabajar y, como miles de gallegos con la actual situación económica, sufrir en sus carnes el drama del paro. Pero esta compostelana de 36 años acostumbra a ir por la vida con una sonrisa y con un objetivo claro: lograr una vida independiente, un derecho que recogen numerosas leyes y tratados internacionales.

Lo cierto es que no es así. Como muchos derechos que se quedan en el papel, Anxela se enfrenta a numerosos escollos. En abril del 2010 interpuso una denuncia por la imposibilidad de coger el autobús sola para desplazarse desde su casa, en Fontiñas, hasta el centro, y más de tres años después aún es ahora cuando el juez obliga al Concello a responderle. Algunos autobuses no tienen rampa para personas con minusvalías; otros son manuales por lo que necesitaría acompañante; y en otros casos la rampa automática simplemente no funciona. «Total, que ás veces quítanme as ganas de ir en autobús e vou polos meus medios, porque teño que depender de alguén e a miña nai ten a súa vida. O dereito a ter unha vida independente é iso, que poidas planificar a túa vida sen depender sempre doutro», explica.

Desde el privilegio de poder subir unas escaleras o sacar dinero de un cajero no se aprecian las dificultades por las que pasan las personas con diversidad funcional, pero solo hace falta fijarse algo para descubrirlo. Los cajeros no están adaptados para sacar dinero, por lo que si no es horario de oficina tienen una limitación evidente; muchos autobuses interurbanos no están adaptados a las personas con minusvalías; y los trenes, por ejemplo, no tienen capacidad para acoger a estos pasajeros. «No tren a Madrid hai so unha praza adaptada, así que como me pasou a min, se está ocupada xa non o podes coller», dice Anxela, quien insiste en que «de momento non nos deixan ser un cidadán máis, aínda queda moito por facer».

Tanto ella como su familia tuvieron siempre claro que estudiaría en un centro ordinario, porque con razón afirma que de lo contrario «non so te limita, senón que a xente non te coñece». Y es que la convivencia con la diversidad es fundamental, no solo para lograr una mayor aceptación, sino para que todos hagan suya la problemática.

Aunque le correspondía el colegio Lamas de Abade, finalmente tuvo que acudir al de Vite, y lo mismo ocurrió con el instituto, porque el Rosalía, al ser un edificio histórico, no estaba adaptado. Estudió secundaria en el Xelmírez I, pero su padre tuvo que hablar con el personal de obras del Concello para que le rebajasen los obstáculos del camino. Luego llegó la carrera de Derecho. Tuvo el apoyo de profesores y compañeros, a excepción de un docente que le limitó el tiempo para hacer un examen. Después, ocho años trabajando, la puesta en marcha de VIgalicia, que lucha por la vida independiente de este colectivo, años preparando las oposiciones a justicia, y el paro.

Uno de los atrancos que hay en la capital de Galicia para poder circular es el casco histórico. A Anxela, por ejemplo, tuvieron que subirle la silla en el Concello cuando se casó su hermano, y en el servicio de agua llevarle los papeles fuera de la oficina porque no podía acceder. Lo mismo le ocurrió en la oficina del padrón o en muchos de los comercios del casco histórico, a los que no puede entrar, «parece ser que non lles deixan poñer rampas fixas por mor do patrimonio histórico. Prima máis a pedra que a accesibilidade», explica. Actualmente esta licenciada en Derecho compostelana vive sola e intenta llevar una vida independiente, aunque la asistencia personal, que promovió VIgalicia y que les permite tener a un asistente personal para hacer gestiones, se ha recortado de 40 a 30 horas semanales, lo que limita su autonomía. Y es que todavía hay personas que deben luchar por el simple hecho de poder subir a un autobús, hacer una gestión en un organismo público, o ir de compras por la zona vieja.

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