Una vecina logra en los juzgados que se revise la accesibilidad al bus urbano

A Anxela López Leiceaga su parálisis cerebral no le ha impedido estudiar en colegios e institutos públicos, ir a la universidad, trabajar y, como miles de gallegos con la actual situación económica, sufrir en sus carnes el drama del paro. Pero esta compostelana de 36 años acostumbra a ir por la vida con una sonrisa y con un objetivo claro: lograr una vida independiente, un derecho que recogen numerosas leyes y tratados internacionales.

Lo cierto es que no es así. Como muchos derechos que se quedan en el papel, Anxela se enfrenta a numerosos escollos. En abril del 2010 interpuso una denuncia por la imposibilidad de coger el autobús sola para desplazarse desde su casa, en Fontiñas, hasta el centro, y más de tres años después aún es ahora cuando el juez obliga al Concello a responderle. Algunos autobuses no tienen rampa para personas con minusvalías; otros son manuales por lo que necesitaría acompañante; y en otros casos la rampa automática simplemente no funciona. «Total, que ás veces quítanme as ganas de ir en autobús e vou polos meus medios, porque teño que depender de alguén e a miña nai ten a súa vida. O dereito a ter unha vida independente é iso, que poidas planificar a túa vida sen depender sempre doutro», explica.

Desde el privilegio de poder subir unas escaleras o sacar dinero de un cajero no se aprecian las dificultades por las que pasan las personas con diversidad funcional, pero solo hace falta fijarse algo para descubrirlo. Los cajeros no están adaptados para sacar dinero, por lo que si no es horario de oficina tienen una limitación evidente; muchos autobuses interurbanos no están adaptados a las personas con minusvalías; y los trenes, por ejemplo, no tienen capacidad para acoger a estos pasajeros. «No tren a Madrid hai so unha praza adaptada, así que como me pasou a min, se está ocupada xa non o podes coller», dice Anxela, quien insiste en que «de momento non nos deixan ser un cidadán máis, aínda queda moito por facer».