Ángel Currás los esperaba para no nombrar al agente que le denunció
12 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Desde que José Antonio Carril denunció por prevaricación y acoso al alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), por relegarle como subjefe de la Policía Local, el gobierno municipal ha hecho encaje de bolillos para evitar que el agente volviese a un puesto que le correspondía por ley, como así dejó claro un informe encargado por el regidor al secretario del Concello.
Durante estos últimos meses, el gobierno local ha hecho equilibrios con las libranzas del jefe de la Policía Local, Norberto Villaverde, para que no fuesen lo suficientemente largas como para tener que designar un jefe en funciones. Se enfrentaban a un doble problema. Si el nuevo concejal de Tráfico, Luis Bello, negaba a Carril la categoría de subjefe, se exponía a ser incluido entre los denunciados e imputados por este caso y si lo hacía suponía admitir una derrota política.
Optaron por no hacer ni una cosa ni la otra. Dejar el tiempo correr a la espera de que pasara lo que acaba de suceder, que tres nuevos policías locales ascendieran a la categoría de inspector principal, la misma que tiene José Antonio Carril. De esta forma, el gobierno compostelano puede ya elegir a un subjefe del cuerpo que no sea el agente que provocó la segunda imputación de Currás, además de las de el exalcalde Gerardo Conde Roa, el ex edil de Tráfico Albino Vázquez y la ex coordinadora de Seguridade, Mar Hinojosa.
Los nuevos mandos ascendidos son José Ramón Silva Dieste, Jesús Pérez Martínez y José Manuel Traba. Este último es precisamente el agente al que el gobierno local designó jefe en funciones en sustitución de Carril, una decisión cuya legalidad decidirán los tribunales y que ha abierto una crisis interna en Raxoi que desembocó en la dimisión de la asesora de Seguridade, que no se sintió respaldada por el alcalde en su pugna contra Carril.
La CIG recurre los ascensos
Esos ascensos en la Policía Local que propiciarán una salida honrosa al gobierno de Ángel Currás, aunque no influyen en la resolución judicial del caso, han sido recurridos por el sindicato CIG, que entiende que el tribunal que evaluó a los cuatro nuevos inspectores principales, así como a otros cuatro inspectores y dos oficiales no es al que legalmente le correspondía.
La CIG ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo que, de prosperar, podría anular los ascensos. El sindicato nacionalista sostiene que existía un tribunal designado para este concurso de ascensos y que el gobierno local del PP decidió nombrar uno nuevo que fue redefinido hasta en tres ocasiones. Hasta que se resuelva el litigio, los nuevos mandos disfrutarán de su nueva categoría.