Un año en los juzgados. Es el que ha pasado -mañana se cumplirá- desde la dimisión de Gerardo Conde Roa tras ser imputado por delito fiscal y el acceso de Ángel Currás a la alcaldía. Un año perdido para la política municipal, los peores doce meses de la actual etapa democrática para el Concello de Santiago, sin duda. Un año marcado por el desprestigio de la institución, en el que la ciudad fue noticia una y otra vez porque sus gobernantes o han sido imputados o han vivido en permanente estado de guerra -o ambas cosas al mismo tiempo- en un ejecutivo municipal partido en dos después de que Conde Roa impusiera a Currás como sucesor en la alcaldía contra la que era el relevo natural, Paula Prado, depositaria de la confianza de Núñez Feijoo.
La salida de Prado, rescatada en enero por el presidente del PPdeG para la portavocía del partido, aplacó la guerra interna, pero ese ya no era el principal problema que enfrentaba el gobierno local, cuestionado por la investigación de la operación Pokémon y su secuela Manga, y por otros asuntos que están en los juzgados, como el caso de persecución denunciado por el policía local José Antonio Carril y por el de las facturas falsas en las subvenciones a asociaciones de vecinos. El exalcalde Conde Roa triplemente imputado; el alcalde Currás, por partida doble; el concejal Albino Vázquez, también doblemente imputado y obligado a dimitir tras su detención e imposición de medidas cautelares en la Pokémon-Manga; la concejala Rebeca Domínguez, cuya imputación en el mismo caso dejó al descubierto la falta de liderazgo y la obsesión del alcalde por derivar responsabilidades a sus subordinados; el edil Juan de la Fuente, pendiente de la decisión de la fiscalía tras demostrar la investigación municipal que hubo delitos en la tramitación de ayudas para entidades vecinales; el jefe de gabinete del alcalde también imputado, y el del exalcalde, recién salido de prisión bajo fianza. Y una Administración municipal atenazada por el miedo a firmar, tras la imputación, asimismo, de varios técnicos.
Con semejante alineación de munícipes bajo sospecha, no está nada claro que la jueza Pilar de Lara vaya a dejar de tirar del hilo. Además, es posible que este mandato que está a punto de alcanzar su ecuador termine antes que la instrucción de la Pokémon-Manga. Es decir, seguirá la novela por entregas y, con ella, la política local embargada por el juzgado. Cuatro años y la primera mayoría absoluta del PP, tirados por la borda. Salvo que venga un bienio cargado de éxitos. Improbable. Ángel Currás no ha querido o no ha podido desmarcarse de su mentor Conde Roa. La sombra del exalcalde se ha proyectado sobre este gobierno local desde el minuto uno tras su dimisión, no en vano los ediles de mayor rango eran y son de su confianza. Conde Roa ha protagonizado la vida municipal incluso tras verse obligado a dejar la alcaldía. Sus visitas al juzgado mochila al hombro -ya rivaliza en popularidad con la de Labordeta- son el peor ejemplo de su influencia.