El fiscal pide que se archive la causa contra los controladores de Lavacolla acusados de sedición en el 2010

El ministerio público destaca la «preconstitucionalidad» de la ley que utilizó el Gobierno para militarizar el servicio


«No consta acreditada la relación de causalidad entre las ausencias de los controladores imputados con el cierre de este servicio público [el aeropuerto de Lavacolla] hasta el punto de poder determinar la apertura de juicio oral». Con este argumento, el fiscal Antonio Roma ha pedido esta mañana al juzgado de instrucción número 2 de Santiago el sobreseimiento provisional del procedimiento que se abrió contra los controladores aéreos del aeropuerto compostelano en el año 2010.

La causa se inició a raíz de la situación que se produjo en las jornadas de los días 3 y 4 de diciembre del 2010, cuando los controladores decidieron convocar una huelga y el Gobierno respondió decretando el estado de alarma y militarizando al personal de este servicio. Para ello, y mediante Real Decreto, se amparó en la Ley penal y procesal de navegación aérea de 1964 «una ley penal especial, uno de los pocos textos normativos que establecen sanciones privativas de libertad que se sitúan extramuros del Código Penal», destaca el ministerio público. El fiscal incide en el hecho de que sea una norma «preconstitucional» y entiende que los imputados en este procedimiento «no se alzaron pública y tumultuariamente, sino que menguaron en sus funciones aduciendo vindicaciones laborales que no son objeto de este procedimiento». Así que no ve la concurrencia de «sedición» (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión) por ninguna parte. En base a la declaración de los testigos, Antonio Roma considera demostrado que las ausencia de los controladores aéreos en las jornadas del día 3 de diciembre «no parecen guardar relación de causalidad con el cierre del tráfico aéreo acordada el 4 de diciembre»

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