El gobierno local está paralizado por el temor a más imputaciones
19 feb 2013 . Actualizado a las 11:39 h.El alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), admitió ayer lo que todo el mundo sabe en el Concello pero que hasta ahora él había negado: que las investigaciones por presuntos casos de corrupción en los que está inmerso su gobierno están afectando a la gestión municipal.
El viernes, cuando compareció públicamente tras la detención de su ya ex concejal de Seguridade, Albino Vázquez, pidió perdón a los compostelanos por la mala imagen que esta situación está dando de la ciudad, pero les dijo que estuviesen tranquilos porque el gobierno local seguía trabajando y la gestión no se estaba viendo afectada.
Ese mismo día, los representantes de los trabajadores ofrecieron una rueda de prensa para decir justo lo contrario que el regidor. Denunciaron que Raxoi vive en el «caos» y que casi todo lo relacionado con el gobierno de la ciudad está paralizado.
Ayer, Currás ya no se mostraba tan rotundo a la hora de defender la normalidad en la gestión de su gobierno pese a las imputaciones en casos de corrupción política derivados de las operaciones Pokémon y Manga. Imputaciones que afectan al propio alcalde, investigado por tráfico de influencias en la adjudicación de la guardería de Salgueiriños y en el contrato de limpieza y conserjería de los colegios de Infantil y Primaria y de sus polideportivos. «En calqueira situación destas e lóxico que a xestión se vexa afectada, isto afecta, efectivamente», admitió el regidor, quien añadió que confiaba en la «profesionalidade dos funcionarios» cuando el problema no son los trabajadores del Ayuntamiento, sino los políticos.
«¿Cómo no va a estar todo parado, quién va a poder trabajar así, si cada día nos levantamos con una sorpresa y si cada vez que hablamos en público es para dar cuenta de más imputados o detenidos?», explicaba ayer un miembro del PP en la corporación municipal.
El caso Pokémon ya había dejado muy tocado al grupo de gobierno del PP. No en vano, provocó su total ruptura y el enfrentamiento entre el grupo que sigue defendiendo a Ángel Currás y los que se arrepienten de que no fuese Paula Prado, ahora ya fuera de Raxoi y nombrada portavoz del PPdeG, la que asumiese el cargo tras la dimisión de Gerardo Conde Roa al destaparse su fraude a Hacienda.
Esa división se tornó insalvable cuando la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, sintió que Currás la presionaba para firmar un informe que ella denunció que había sido falsificado y que la hubiese implicado en el caso. Muchos de los ediles aseguraron que a su compañera se le había preparado una «encerrona».
La detención de Albino Vázquez ha sido el golpe definitivo. Al contrario que sucedió con la imputación de Currás, todos en el PP confían en la inocencia del ya exedil. La mayoría creen que ha sido una víctima de Ángel Espadas, ex asesor de Conde Roa, y le han transmitido su apoyo, pero el desánimo y el miedo a ser también imputados cunde entre las filas conservadoras, que están a la espera de que el partido busque una solución.