El alcalde de Santiago, Ángel Currás, tras declarar por su imputación en la operación Pokémon: «No me planteo dimitir»

La juez instructora, Pilar de Lara, no ha impuesto al regidor ninguna medida cautelar

Ángel Currás, en los juzgados de Lugo
Ángel Currás, en los juzgados de Lugo
La Voz

Poco antes de las tres de la tarde terminaba la declaración del alcalde de Santiago, Ángel Currás, ante la juez Pilar de Lara como imputado por tráfico de influencias en el marco de la operación Pokemon. A su salida, y sin que la jueza haya impuesto medida cautelar alguna (fianza...), el regidor compostelano ha declarado a los medios que no tiene constancia de haber cometido ninguna irregularidad, por lo que no se plantea dimitir.

«Ya manifesté en su día que considero que no había hecho ninguna irregularidad, ni nada que sea delictivo. Tengo la conciencia tranquila y la sigo teniendo». Así se manifestó el alcalde de Santiago tras declarar durante una hora y veinte ante la jueza De Lara, instructora de la Pokémon. Currás dijo que no dimitiría entre otras cosas porque no se le impuso ninguna medida cautelar

El alcalde no quiso referise al interrogatorio alegando el secreto de las actuaciones. «Estoy como estaba, totalmente tranquilo y satisfecho de haber colaborado con la jueza en todo lo que me preguntó. Aclaramos la situación y estoy confiado y satisfecho», expuso el regidor compostelano.

Minutos antes de las 13.00 horas Ángel Currás comenzaba su declaración ante la juez Pilar de Lara. El regidor compostelano ha llegado en torno a las 11.30 horas de la mañana a los juzgados de Lugo para prestar declaración como imputado por tráfico de influencias en el marco de la operación Pokemon. A su entrada, el regidor compostelano no ha querido hacer declaraciones y simplemente se ha limitado a decir que estaba totalmente tranquilo.

Su jefe de gabinete, Francisco Castro Allegue, ha declarado durante hora y media ante la jueza. A las 09.30 horas llegó a los juzgados para comparecer, en calidad de imputado en la operación Pokémon. El funcionario prefirió no hacer declaraciones a la entrada. Ya a la salida, el funcionario dijo que había respondido a todas las preguntas que le fueron planteadas y anunció su colaboración plena con la instructora para resolver cualquier duda que tenga con respecto a sus investigaciones.

Francisco Castro aseguró que fue interrogado en relación con la escuela infantil de Salgueiriños, pero no detalló ningún aspecto amparándose en el secreto sumarial. Su abogado, Ulises Bértolo, explicó que el funcionario estaba tranquilo. Aclaró que aunque le imputaban tráfico de influencias, no existía una individualización de culpa con relación al funcionario porque, recordó, se está en fase de instrucción.

Imputación del alcalde

Hace quince días, Ángel Currás aseguró que, en el caso de que, tras su paso por los tribunales, la jueza le impusiera medidas cautelares (fianza...), pondría su cargo a disposición del Partido Popular de Galicia. En ese supuesto, Compostela tendría tres alcaldes en el plazo de 19 meses, pues el anterior, el también conservador Gerardo Conde Roa, hubo de dejar el puesto en abril del 2012 tras ser acusado de un delito fiscal por no pagar a Hacienda el IVA en la venta de unas viviendas de su promotora.

Estas comparecencias llegan en la misma jornada en la que se conoce un nuevo episodio de la trama, con implicaciones en el concello compostelano. Según publica en exclusiva La Voz, un informe del consistorio fue falseado para inculpar a la edila Rebeca Domínguez en la operación Pokémon. El documento alterado forma parte del expediente por el que el Ayuntamiento de Santiago reconoce una deuda con Sermasa, una de las empresas del grupo investigado, Vendex. El alcalde presionó a la concejala para que firmase el expediente que validaba el documento manipulado.

La joven concejala también está imputada en la trama, por falsedad documental. Se da la circunstancia de que fue tras la declaración de la edila, el pasado día 20, cuando la jueza emitió un oficio solicitando numerosa documentación al Concello de Santiago para buscar posibles favores del Ayuntamiento a empresas del grupo Vendex, que es el centro de la investigación del caso.

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