Afectados por las preferentes se encierran indefinidamente en el Instituto Galego de Consumo en Santiago

Efe

SANTIAGO

13 dic 2012 . Actualizado a las 22:17 h.

Una docena de afectados por las participaciones preferentes han comenzado este mediodía un encierro indefinido en el Instituto Galego de Consumo, en Santiago, para pedir su «posicionamiento claro» en este caso y la extensión del arbitraje «sin más dilación» al 100 % de los «estafados». Así lo ha indicado a Efe el portavoz en Compostela de esta plataforma de afectados, Xesús Domínguez, quien ha explicado que habrá personas permanentemente encerradas, pues irán rotando, en estas instalaciones de Consumo, ubicadas en el barrio de Fontiñas.

Domínguez ha argumentado que la liquidación de Novagalicia «parece inminente» y por ello los afectados por las preferentes quieren ser «declarados ahorradores estafados de manera inmediata».

«Las competencias en Consumo son propias y la entidad está intervenida, con lo que no hay excusas para no hacerlo», ha agregado.

En este sentido, ha sostenido que «Bruselas ha dicho que no hay ningún tipo de traba ni límite a las anulaciones de los contratos y entonces, lo que se reclama, es que a todos los que fuimos estafados por la entidad se nos declaren nulos los contratos para que se pueda proceder a devolvernos ese dinero».

El portavoz compostelano ha denunciado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «da excusas de mal pagador» en este asunto, pues desde la reunión que le solicitaron el pasado 2 de agosto todavía no se ha producido el encuentro, y que el entonces conselleiro de Industria, Javier Guerra, los «malvendió en Bruselas diciendo que solo el 15 % fue estafado».

«El 99 % de los afectados fuimos estafados, engañados por las entidades, y si hay 10.000 laudos que nos dan la razón, las 40.000 solicitudes que quedaron fuera tienen perfiles exactamente iguales», ha precisado.

Al hilo de ello, ha considerado que «no puede ser que a concejales del PP les devolvieran el dinero» en O Rosal o Boqueixón, o a familiares de altos cargos del PP, ha enumerado, y que «los jubilados con sus ahorros sean tratados de inversores».

«Hay una discriminación, un uso caciquil y fraudulento del arbitraje», ha insistido Domínguez, quien ha destacado que a esta problemática se le puede dar «una solución política» porque «casos similares deben tener soluciones iguales».