Conde Roa niega «rotundamente» haber cometido un fraude fiscal

El alcalde de Santiago defiende su inocencia, niega que vaya a dimitir y asegura haber ofrecido «constantemente la información» que le han requerido las autoridades.


El alcalde de Santiago de Compostela, el popular Gerardo Conde Roa, ha reconocido que tiene una deuda con Hacienda, pero ha asegurado «rotundamente» que no ha cometido ningún delito fiscal, porque «siempre» ha ofrecido «constantemente la información» que le han requerido las autoridades.

«Una cosa es la existencia de una deuda tributaria, al igual que pueden tener miles de ciudadanos españoles y ahora mucho mas teniendo en cuenta la crisis, y otra es que haya fraude, entendiendo por ello la ocultación deliberada de datos que vaya en perjuicio propio de la hacienda publica», ha argumentado esta tarde en rueda de prensa, en la que es su segunda comparecencia en menos de una semana para dar explicaciones tras la denuncia de la Fiscalía por el impago a Hacienda de 291.200 euros por el IVA de la venta de unas viviendas de la constructora de la que es administrador único antes de acceder al cargo.

Conde Roa niega que vaya a dimitir y ante la pregunta de si alguien del PP le ha pedido que lo haga, el regidor ha contestado que no cree que tengan algún motivo para pedírselo. «Si no hay fraude, no hay delito», ha insistido. El popular sí reconoce haber hablado con Alberto Núñez Feijoo en una conversación que «fue cordial», dijo. En su opinión, su partido «está tranquilo» porque lo conoce.

Conde Roa niega que vaya a dimitir

«Afirmo rotundamente que no he defraudado al fisco», aseguró, y añadió que en todo momento se mostró colaborador con la Agencia Tributaria para aclarar la situación y que en ningún momento ha tratado de urdir entramado societario alguno para eludir el impuesto. «No hay ningún entramado societario que se haya organizado para ocultar dinero a Hacienda», subrayó el alcalde, y aclaró que «no puede haber fraude cuando se está constantemente aportando la documentación requerida por la Hacienda pública».

Conde Roa justificó su deuda en concepto de IVA por la difícil situación que atravesaba la sociedad Geslander con proyectos inacabados en Lalín, Parla (Madrid) y Daimiel (Ciudad Real), localidad esta última en la que la intervención de Caja Castilla-La Mancha dio al traste con la promoción al quedar el crédito interrumpido. En este sentido, señaló que el IVA de las viviendas que se han pagado «está en los bancos» y que se ha destinado a terminar las promociones y a pagar a proveedores. «Sí le puedo decir a mis ciudadanos que yo no me he quedado ni un solo euro de Hacienda», aseveró.

«Pude haber metido en concurso de acreedores a la sociedad, pero ello significaba una quita para todos, los proveedores y administraciones. No lo quise hacer; quise dar la cara», dijo Conde Roa.

«Sí le puedo decir a mis ciudadanos que yo no me he quedado ni un solo euro de Hacienda»

El alcalde cree que tras la querella presentada por la Fiscalía por presunto fraude fiscal hay algo más y asegura sentirse «desvalido» ante la Hacienda pública. El regidor insiste, además, en que no está imputado, sino que lo que hay contra él es una querella. «Lo que más me motiva de todo esto es el siguiente paso, qué es lo que hay detrás, y sobre eso mi cabeza está trabajando. Yo creo que algo pasa», comentó el alcalde. En este sentido, citó el disco de Pink Floyd titulado The dark side of the moon y aseguró: «Yo llegaré a la cara oculta de la Luna».

Querella

El regidor compostelano ha reconocido haber vivido unos días «sujeto a una situación procesal un tanto anómala» porque no conocía la querella que, dijo, le fue notificada esta misma tarde a través de su abogado «escasamente» un cuarto de hora antes de la rueda de prensa.

La Fiscalía presentó una querella contra el regidor por fraude fiscal tras una denuncia de la Agencia Tributaria por no haber pagado 291.000 euros del IVA por la venta, en el 2010, de 61 viviendas construidas por su promotora Geslander Proyectos de Edificación.

Gerardo Conde Roa ha avanzado en rueda de prensa que pagará la deuda de 291.000 euros con la ayuda de familiares y amigos, aunque ha solicitado un aplazamiento de su pago.

Esta mañana, el regidor se reunió a las 09.00 horas con los concejales de su grupo de gobierno para explicarles la situación. Los ediles populares no han querido hacer ninguna manifestación sobre el asunto y se han limitado a decir que hay que esperar a que hable el alcalde. Así lo reiteró en varias ocasiones su teniente de alcalde, Paula Prado, preguntada de forma insistente por los periodistas tras la reunión del gobierno local.

La investigación

El caso comenzó cuando la empresa de Gerardo Conde Roa no presentó la declaración del IVA de uno de los trimestres del 2010, en la que debería haberse reflejado la venta de los 61 pisos de protección oficial. La Agencia Tributaria inició entonces el procedimiento para notificarle al regidor compostelano la irregularidad detectada. Tras rechazar sus alegaciones, ambas partes comenzaron una negociación teóricamente encaminada a que el alcalde de Santiago abonara los 291.000 euros sin llegar a los tribunales, como se hace en muchos otros casos.

En ese contexto de negociación, Hacienda mantuvo una primera reunión en mayo del 2011 con Conde Roa, que acudió personalmente a la cita. Fue la última vez, porque después ya designó representantes que acudieron a la siguiente cita, en septiembre de ese año, y a las posteriores. La última fue el 14 de marzo de este año, cuando ante la negativa de Hacienda a rebajar la cuantía de lo que debía, el regidor firmó la hoja de conformidad por la que reconocía la deuda de 291.000 con el fisco por el IVA de la venta de los 61 pisos.

Conde Roa debió de entender en ese momento que el tema estaría resuelto cuando reuniese el dinero para pagar a Hacienda. Lo que no conocía es que, paralelamente a esa negociación, ya se estaba preparando, y con gran celeridad, la querella.

Fue en febrero del 2012 cuando el inspector de Hacienda que analizó el caso mandó el escrito al abogado del Estado al entender que Conde Roa podría haber incurrido en delito fiscal al haber superado el límite de 120.000 euros el importe presuntamente defraudado. En solo una semana más, el abogado del Estado ya se lo había remitido a la Fiscalía, que tan solo tardó quince días en presentar la querella en el juzgado compostelano que dirige José Antonio Vázquez Taín.

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