Portugal insinúa que no acatará el fallo que declara ilegal su acción de oro en PT
SANTIAGO
El Gobierno portugués insinuó ayer que seguirá impidiendo que la española Telefónica se haga con la participación que Portugal Telecom (PT) tiene en la operadora brasileña Vivo, pocas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara ilegal la acción de oro que permitió al Ejecutivo de José Sócrates vetar esa operación.
El fallo del Tribunal no se refiere al veto a Telefónica, sino a la denuncia que interpuso hace años la Comisión Europea contra el Estado luso por mantener en PT un derecho preferencial sobre las decisiones de la compañía, que fue concedido por la junta a pesar de que, tras la privatización de la compañía en los noventa, la participación pública en la empresa no supera las 500 acciones.
Vulneración
El Tribunal estimó que ese poder del Estado para vetar cualquier decisión legítima de una compañía privada vulnera la normativa comunitaria. En primer lugar, porque supone una restricción ilegal a la libre circulación de capitales ya que confiere al Estado «una influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene».
Además, eso «puede disuadir a los operadores de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas», ya que «no pueden participar en la gestión y el control de dicha sociedad de modo proporcional al valor de sus acciones».
El Tribunal también descarta la pretensión portuguesa de que la acción de oro se justifica en la defensa del interés público para garantizar la prestación del servicio de telecomunicaciones. «La seguridad pública solo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave», afirman los jueces, para recordar que Portugal se ha limitado a invocar ese motivo «sin precisar las razones por las que considera que el mantenimiento de la titularidad de la acción de oro permite evitar tal atentado a un interés fundamental de la sociedad».
Pese a la contundencia de esos argumentos, el ministro de la Presidencia luso advirtió ayer de que el Gobierno, aunque «acata» la sentencia, no la comparte, y no cambiará de posición en el veto a Telefónica. «El fallo no pone en cuestión la existencia de derechos especiales», dijo Pedro Silva Pereira.
«Eficacia declarativa»
El ministro atribuyó a la sentencia «una eficacia meramente declarativa» que no cuestiona, a su juicio, la legalidad del uso de la acción de oro en el caso de Vivo y Telefónica, ni establece plazo alguno para su cumplimiento, ni afecta a la determinación de Lisboa «de asegurar la salvaguarda de los intereses estratégicos nacionales y de PT». «Se abre una nueva fase en la que el Estado luso buscará soluciones que permitan un respeto integral de la legislación comunitaria, pero también de sus intereses», concluyó el ministro.
Cuando Bruselas abrió expediente a Portugal hace unos años, el Gobierno de José Sócrates se planteó la posibilidad de traspasar sus acciones preferenciales a la Caixa Geral de Depósitos, un banco de capital público que opera como entidad privada. Esa opción, que se descartó entonces porque su gestión estaba en manos de la oposición a Sócrates, podría recuperarse ahora.