Telefónica, Vodafone y Orange recurrirán por vía judicial la nueva ordenanza que el Concello, siguiendo pautas de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha aprobado para cobrarles un 1,4% de lo que ingresen en la ciudad. Redtel, una asociación que defiende los intereses comunes de las tres compañías, así como los de ONO, califica de «ilegal» esa norma porque la Ley Reguladora de las Haciendas Locales «excluye explícitamente a la telefonía móvil de la aplicación de tal carga fiscal», declaró ayer a este periódico un portavoz del colectivo. «Además -agregó la misma fuente-, las operadoras no usan un dominio público municipal, sino estatal, como es el radioeléctrico. Y ya pagan por ello a la Administración central 560 millones de euros al año. Luego no procede una tasa local que grave algo por la que ya se tributa».
Redtel, no obstante, eludió desmentir o bien confirmar tanto la facturación en Compostela que la FEMP atribuye al sector como la distribución del mercado local.